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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de junio (Quadratín México).- Senadores de la República reconocieron que después de la elección primero de julio, la Reforma Electoral que aprobaron en 2007, tendrá que ser sometida a modificaciones profundas para perfeccionarla, pues tiene aristas que generaron polémica y fueron cuestionadas duramente en su implementación, como el caso de no permitir la compra de spots por parte de particulares para promover a candidatos y partidos políticos.
Carlos Jiménez Macías, vocero del grupo parlamentario del PRI, declaró que la jornada del domingo representará para Reforma Electoral una prueba “importante”.
El legislador potosino, dijo que la elección presidencial servirá de “laboratorio” para ver que aspectos de la legislación tendrán necesariamente que modificarse, porque no resultaron funcionales.
“Siempre habrá la posibilidad de que el Congreso pueda abordar reformas al respecto. Pero, sí en efecto pues vamos a vivir un proceso en el que también se pone a prueba una reglamentación, que en algunos momentos ha sido controvertida en algunas partes de ella”.
Felipe González González, senador del PAN y secretario de la Comisión de Gobernación, reconoció que la Reforma Electoral en su implementación tuvo muchos problemas.
Si bien apuntó que la norma permitió el avance en algunas áreas, después de la elección del domingo tendrá que hacerse un análisis “serio” y “honesto” de que tanto este marco le sirve o no a la democracia.
“No es la prueba del ácido para la Reforma Electoral, va a ser la prueba del ácido para el sistema que usamos para hacerla. Es que se hizo desde el punto de vista de intereses partidistas, hoy se tiene que analizar a la luz de los intereses de la sociedad, de los resultados estos que va a haber y de la satisfacción que quede en la gente de que el proceso fue abierto y de que pudieron participar de una manera más amplia”, dijo.
En septiembre de 2007, el Senado aprobó la Ley Electoral vigente, que contempla que el acceso permanente de los partidos políticos a la radio y televisión será exclusivamente a través de los tiempos que el Estado disponga, mismos que serán asignados por el Instituto Federal Electoral (IFE).
Según la legislación, los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o tercera personas, tiempos en radio y televisión.
Reduce en 85 por ciento el financiamiento privado a partidos para quedar en 40 millones de pesos, en lugar de los casi 270 millones que se permitían.
Además, disminuye el financiamiento público en cinco puntos porcentuales, y precisa que cuando haya comicios para Presidente y la renovación del Congreso, el financiamiento público será equivalente a 50 por ciento de lo que cada partido recibía.
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