El agua, un derecho del pueblo
José Luis Camacho Acevedo
Los costos políticos por la falta de resultados en materia de seguridad y el combate a los feminicidios, están comenzando a cobrar factura y podrían ser determinante en las urnas en las próximas elecciones.
En referencia al tema de la seguridad, diversos sondeos y encuestas como la que me referí ayer en este mismo espacio, revela que la gran mayoría de los mexicanos se sienten inseguros en los lugares donde viven, y que consideran que podrían llegar a ser víctimas de algún crimen.
Un dato interesante de la última encuesta de Estudios Públicos de la Cámara de Diputados es que el 49% de los entrevistados piensa que los poderes públicos están involucrados en las actividades criminales, y menos del 4% confía en las policías municipales y estatales.
Los números anteriores son una consecuencia de la impunidad que impera en México, que junto con la corrupción, ha provocado que la inmensa mayoría de los crímenes no sean castigados y que la justicia en algunos casos sea inexistente.
De acuerdo con el reporte del Semáforo Delictivo, en el tercer trimestre del año subieron los siguientes delitos: Extorsión 35%, Feminicidio 14%; Violación 11%; Secuestro 7%; Violencia familiar 9%; Robo a Negocio 7%; Lesiones 5%; y Homicidio 1%.
A nivel nacional, al tercer trimestre hubo un incremento en homicidios de 1% respecto al año anterior y sí bien no aparenta ser un incremento significativo en su comparación contra el 2018, es un 19% superior a la media de los últimos 3 años. Es por ello que tuvimos que 2019, fue clasificado como el más violento desde que se comenzaron los registros.
Según los expertos, el aumento de las cifras en delitos como el secuestro y la extorsión demuestra que están estrechamente vinculados al crimen organizado, que han empeorado, y que estos crímenes son los que tienen más posibilidades de afectar a los ciudadanos comunes.
Hasta que estos delitos no empiecen a registrar una reducción, es poco probable que el discurso oficial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asegura que la seguridad está en proceso de mejoría tenga un impacto importante en la percepción pública de la inseguridad y los feminicidios.
EN TIEMPO REAL
Los perredistas no saben qué hacer para conformarse como una oposición seria y combativa, tienen tan poca imaginación que a lo más que llegan es a ideas ridículas y con poco impacto.
Ayer la dirigencia del PRD denunció ante la Fiscalía General de la República al Presidente López Obrador por los delitos de concusión y cohecho por pedir “moches” a empresarios que se comprometieron a comprar boletos para la supuesta rifa del avión presidencial en una cena en Palacio Nacional.
Fernando Belaunzarán fue uno de los perredistas que acudió a presentar la denuncia que defendió con argumentos francamente ridículos.
¿Y el lago?
Los espacios que servirían para albergar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), ahora serán instalaciones deportivas con canchas para diversas actividades, luego de que se cancelará el proyecto en Texcoco y de que no exista un amparo o suspensión contra el ‘hundimiento de obras, informó el subsecretario de Transportes, Carlos Morán Moguel.
En el proyecto de Parque Ecológico –impulsado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua)– se incluirá también una pista ciclista.
A esto se le llama populismo punitivo y no sirve de nada, las estadísticas han revelado que aumentar las penas no disminuye los delitos, pero aún así, estos legisladores continúan proponiendo estas reformas de ley.
La última, diputados del Partido Verde y Morena presentaron una iniciativa para castigar con pena de muerte los delitos de feminicidios, violación y homicidio doloso en el país.
El diputado del Partido Verde, Arturo Escobar y Vega, manifestó que la reforma podría ser intermedia en lo que disminuyen los índices de los delitos por violación, feminicidio y homicidio dolosos.