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  ¿Es buena idea empatar elecciones judiciales con elecciones legislativas y ejecutivas en junio de 2027?

A simple vista parece una buena idea que en una misma fecha la ciudadanía pueda concurrir a votar en elecciones de distintos tipos; sin embargo, debemos apreciar con toda claridad que lo que resulta viable es la concurrencia de elecciones políticas tanto federales como locales, pero no así con las elecciones judiciales. Me explico. 

Para 2027 varios procesos electorales se tienen calendarizados desde hace décadas y de pronto con una reforma al Poder Judicial en 2024, se programaron elecciones judiciales; las primeras fueron llevadas a cabo en 2025 para la mitad de los cargos judiciales a nivel federal y, para 2027, junto con las elecciones legislativas y ejecutivas, la otra mitad de los cargos de personas juzgadoras federales. 

En 2027 se renovará a nivel federal la Cámara de Diputadas y Diputados, a nivel local, habrá elecciones en 17 entidades federativas para la renovación de 17 gubernaturas; en 31 entidades federativas habrá elecciones para las diputaciones de los congresos locales; en 30 entidades habrá elecciones para la renovación de los cargos de los respectivos ayuntamientos; en particular, para la Ciudad de México se renovarán las alcaldías. En estados como Campeche se renovarán las juntas municipales y en Tlaxcala las presidencias de comunidad. 

Asimismo, están programadas elecciones del Poder Judicial.¿Qué implicaciones tiene juntar ambos procesos electorales? Muchas, muy diversas y complejas y que apunto a continuación: 

Instalación de casillas diferenciadas, es decir, las que se instalarían para las elecciones con partidos políticos y, por cuerda separada, las del Poder Judicial lo que implicaría no solo contar con un mayor número de personas funcionarias de casilla, también gastos operativos, logísticos y de ubicación del doble de lugares que reúnan las diversas condiciones establecidas en la ley. Esto implicaría la instalación de más de 350 mil casillas en todo el país. 

Sería necesario la contratación de mayor personal para la atención del número elevado de casillas electorales; personal que, entre otras atribuciones, informan sobre la instalación de las casillas, sobre incidentes, apoyan a las personas funcionarias de casilla, entre otras. 

• ⁠La impresión de un registro histórico de boletas electorales -más de 950 millones en todo el país-; materiales electorales; documentación auxiliar, entre otras, que incrementarán sustancialmente el costo de estos ejercicios electivos.  ⁠
• El Instituto Nacional Electoral (INE) tendrá que generar sistemas informáticos diferenciados para las elecciones con partidos políticos y para las elecciones judiciales, en las que los partidos políticos no pueden participar. 
• ⁠El INE deberá invertir en campañas de difusión suficientes para explicar a la ciudadanía que existen dos esquemas de votación que no son similares y que tendrían que acudir a dos casillas distintas a emitir su voto.  ⁠
• Casillas diferenciadas pueden inhibir la participación ciudadana, es decir, puede la ciudadanía votar en las casillas para las elecciones con partidos políticos y dejar de hacerlo para las elecciones judiciales o viceversa, sobre todo ante el incremento del tiempo para el ejercicio el voto.  ⁠
• Probablemente los resultados de la elección judicial estarán primero que los cómputos de las elecciones a los poderes ejecutivos y legislativos ya que la ley determina que el cómputo de la elección judicial se lleve a cabo el propio domingo una vez que concluya la votación, en tanto que, para las elecciones políticas hasta el miércoles siguiente, lo que podría ocasionar confusión entre distintos actores políticos, medios de comunicación, entre otros.   ⁠
• Los costos aumentarán invariablemente y no está asegurado el presupuesto que el Legislativo destine a estas elecciones lo que puede implicar, entre otros factores, la reducción el número de casillas como sucedió en la elección judicial pasada lo que derivó en que solo el 13% de la población asistiera a las urnas. 
• El cúmulo tan grande de elecciones puede derivar en que el INE deje de desarrollar ejercicios de modernización electoral como el uso de urnas electrónicas o pruebas piloto de voto por internet al interior de la República.  Uno de los factores más importantes puede resultar en la afectación que pueda tener la ciudadanía entre campañas políticas y judiciales que le generen confusión, hartazgo o, incluso apatía. Además de que las campañas de los partidos políticos terminarán por sepultar a las de las candidaturas judiciales, haciendo imposible un voto informado y razonado. 

Lo ideal es que el Legislativo pueda ser sensible y modifique la fecha en que se lleven a cabo las elecciones judiciales con la finalidad de que la ciudadanía diferencie claramente ambos procesos electorales, y tenga condiciones de emitir un voto informado. 

El Legislativo tiene la última palabra.