Las claves del mercado y del Estado/Fadlala Akabani

Supremo Gasto e Injusticia de la Nación

A veces parece olvidarse que el Poder Judicial de la Federación como el Poder Legislativo no son creaciones perfectas; fruto de un edén utópico de democracia, transparencia y eficiencia gubernamental, como a veces la comentocracia intenta retratar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN.

En realidad, se trata de un producto imperfecto e inacabado del devenir democrático en México, una transición del poder a nivel federal que comenzó en el año 2000 a un ritmo vertiginoso, cuyo avance paradójicamente fue cortado por su primer beneficiario directo, Vicente Fox; en 2005 con el uso y subordinación de los poderes Judicial y Legislativo en el desafuero de AMLO y en 2006 con la consumación del fraude que llevó a Felipe Calderón a usurpar la presidencia y comenzar la guerra.

La transición que tardó 12 años en cumplir su primer ciclo con la llegada de la izquierda al Poder Ejecutivo en 2018 estuvo antecedida por la implementación de reformas judicial, política y del estado producidas entre los años de 1994 y 1997 que permitieron; representación proporcional en el Senado de la República y mayor equidad en el Congreso como el resurgimiento de la política local en la Ciudad de México.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación obedece a este mismo proceso de reformas políticas al Estado mexicano, que en los hechos le permitieron al Tribunal Supremo constituirse como una entidad capaz de diseñar su arquitectura institucional y su propio presupuesto, así como la imposibilidad de despedir a un ministro de su encargo o reducir sus percepciones.

El espíritu detrás de ese mandato, era brindarle estabilidad al Tribunal Supremo y certidumbre presupuestaria frente al ir y venir político, sin embargo, esta gran responsabilidad de predicar con el ejemplo como institución garante del Estado de Derecho rebasó a los ministros de la SCJN.

La hipótesis esgrimida por Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo (2010) en un documento ya clásico sobre el tema: ¿Por qué nos cuesta tanto la Suprema Corte? plantea la posibilidad de que la creación discrecional de plazas de trabajo, así como los sueldos y la escasa definición de los perfiles refleja el uso de esta estructura laboral como un sistema de apoyos políticos al interior y exterior de la Corte para cada ministro, nepotismo y dispendio.

Las cifras mostradas en el estudio de Magaloni y Elizondo son contundentes, pues claramente se sitúa como el Tribunal Supremo más caro del mundo (63% y 87% más caro que EEUU y Alemania, respectivamente), cuyos ministros reciben las remuneraciones más altas y que a pesar de contar y por mucho con mayor personal (hasta 45 veces más empleados que en Chile, 18 que Perú y 7 veces más empleados que la Suprema Corte de Estados Unidos), es menos eficiente.

Los datos de ingreso al servicio de los actuales ministros indican que, para renovar por completo a los 11 ministros cuya duración del cargo es por 15 años deberíamos esperar hasta 2030, ya que estos personajes son legado de los sexenios neoliberales de Fox, Calderón y Peña Nieto.

El Poder Judicial carece de la legitimidad para defender la “originalidad” del texto constitucional, pues no respaldo el clamor social que le demandó consulta por la Reforma Energética, tampoco les importaron cambios a los artículos 25, 27 y 28 que comprometieron la soberanía energética del país, hoy tampoco le importa la Constitución ni el Estado de Derecho, sino mantener su condición de larvas del erario.