Las fuerzas armadas y el índice de letalidad: ¿a qué se enfrenta AMLO?

José Luis Camacho Acevedo

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña para el máximo cargo, que obtuvo después de un tercer intento consecutivo, regresar a los militares a sus cuarteles, haciéndose eco de las demandas de organizaciones de defensa de las garantías individuales por el incremento de desapariciones y abusos contra los derechos humanos.

Sin embargo, una vez instalado en la presidencia, luego de su triunfo en las elecciones de julio de 2018 por 53% de los votos, olvidó sus compromisos y, por el contrario, aumentó la militarización con la creación de la polémica Guardia Nacional.

Este nuevo cuerpo de seguridad es catalogado por el Gobierno como «civil», pero en la práctica está conformado en su gran mayoría por miembros del Ejército y la Marina, e inclusive es dirigido por un militar, según analistas y opositores.

Tras la difusión de un video por parte el diario El Universal en donde se puede observar una supuesta ejecución extrajudicial de un civil por parte de militares en Tamaulipas, durante un choque armado con el crimen organizado en el que murieron una docena de personas, todo parece indicar que algunas prácticas de las Fuerzas Armadas no han cambiado.

Para la CIDH, no está clara «la regulación de la actuación de las Fuerzas Armadas» pues actualmente es objeto de revisión en la Suprema Corte que busca establecer el marco legal de su participación.

Los foros y las mesas de diálogo con las víctimas; los largos debates y consensos que seguramente pactaron los líderes de las bancadas para sacar adelante la reforma constitucional para la creación de la Guardia Nacional.

 ¿Fue una simulación? ¿Convertirse en lo que tanto criticaron de los gobiernos que lo antecedieron? ¿Una traición a las víctimas? ¿Ruptura con los contrapesos, es decir, el legislativo y judicial?

En su momento diversas ONG´s pusieron sobre la mesa temas como la Guardia Nacional, agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y amenazas a pueblos indígenas y al medio ambiente a partir de los megaproyectos impulsados por los distintos gobiernos, incluido el actual.

La aparente falta de control de las Fuerzas Armadas derivará en un alto costo político, así como una traición a los ideales de la izquierda progresista, una que apoyó a López Obrador para su llegada al poder. La pregunta es ¿Por qué? ¿Qué es lo que no nos están diciendo?

¿Cuál es el mensaje que se está enviando a la población? que ya está cansada de los excesos y las violaciones a los derechos humanos que la militarización trajo al país, en manos de quién radica el verdadero poder.

EN TIEMPO REAL

1.- Ayer por la mañana, el senador por Movimiento Ciudadano despertó seguramente aún un poco mareado, pues durante la madrugada del martes apareció en su cuenta de Facebook un mensaje en él se difundió su supuesta “renuncia” al partido, además de que un ataque a su compañero de partido, Luis Donaldo Colosio Riojas.

Samuel García aseguró que su cuenta fue “hackeada”, pero la verdad es que la versión es poco creíble. En redes sociales, algunos usuarios pusieron en duda el hackeo y compartieron la publicación que se había hecho.

2.- Ante una de las críticas más férreas por parte del expresidente Felipe Calderón, quien mencionó que no era posible modificar el Águila y colocarla como adorno en Zócalo Capitalino ante la llegada de las fiestas patrias.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum tachó la critica de ignorancia por parte del ex panista, eso sí con todo respeto: “este símbolo patrio, el Águila Juarista es parte de la historia nacional… No tiene nada que ver con un asunto partidista. El Águila Juarista se puede encontrar hasta en los billetes de 20 pesos”, le recordó.

3.- Senadores y líderes de partidos afirmaron que fue una “omisión” por parte del SAT, encabezada en su momento por Aristóteles Núñez, no frenar las llamadas empresas “factureras” y dejar que prosperara el esquema de defraudación fiscal, por lo que se pronunciaron a favor de que la Secretaría de la Función Pública investigue al exfuncionario.

El huachicoleo fiscal y la responsabilidad por la afectación causada por ese tipo de fraudes recaía en el titular del SAT, Aristóteles Núñez, pero no solamente en este personaje, también sobre su círculo cercano.