En las nubes/Carlos Ravelo Galindo

Qué vergüenza

Debería caérseles la cara de vergüenza a quienes hoy, desde el gobierno federal, reclaman a las autoridades estadounidenses haber aplicado la pena de muerte a un mexicano, preso durante veinte años.

Y, si después de esta omisión harán algo por los ocho mexicanos que esperan, desde hace años, que les apliquen el mismo castigo. Sí, nos referimos, a nuestros funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores que, horas antes de aplicarle la inyección letal al mexicano Rubén Cárdenas Ramírez, asesino de su prima Mayra Azucena Laguna, en febrero de 1997,   “pidieron justicia”.

Invocó el director consular de la SRE, Jacob Prado no haberse llevado el debido proceso.  Acaso no se dieron cuenta de esta falla jurídica durante los veinte años que duró el juicio. Y qué hacen con los otros juicios pendientes de ejecutar.

Cabe decir y preguntar dónde estuvo o estuvieron los cónsules y el servicio consular mexicano a lo largo del proceso seguido a este ajusticiado en el lapso que duro su proceso. Y qué hacen por los oros.

En casi veinte años no se dieron cuenta de las violaciones, supuestamente al debido proceso. Y por qué hasta unas cuantas horas antes de su ejecución pretendieron, en “defensa” del hoy occiso, presentar una prueba de ADN.

Quiere decir entonces que los cónsules, el servicio consular y toda la Secretaría de Relaciones estuvieron ajenas al caso. E incumplieron con sus obligaciones que debieron ejercer en defensa del connacional hoy ya muerto.

Cabe recordar que los cónsules representan a las personas físicas y también a las morales fuera de México, como es éste y otros similares casos.

En cambio los embajadores constituyen a nuestro país, al Estado, también en el extranjero. Cada función es diferente.

No obstante esta circunstancia, ambos tienen como obligación ineludible el defender a nuestros paisanos en el extranjero. Prestarles todo tipo de protección.

No es creíble, como hoy pretenden hacernos creer que en este caso, en VEINTE AÑOS, no se dieran cuenta de una posible violación al debido proceso.

O simplemente ¿se concretaron a llevarle cigarros y galletas?

En ese orden de ideas a los cónsules anteriores y actuales podría aplicarles una sanción administrativa la secretaria de la función pública. Por omisión. Vaya no cumplir con la obligación por las que les paga el pueblo.

Por qué no acudir a la Corte de México a pedir justicia por esta negligencia, que en materia penal podría ser un delito cometido por omisión que trajo como consecuencia la ejecución de un mexicano. Culpable o no.

El señor de los pinos, dicen en su oficina, y como se publicó en los medios ya reclamó al gobierno de Estados Unidos, “tal proceder”.      Y qué les pasará a los ocho en capilla.  Les dará ayuda, la merezcan o no, o nuestro gobierno volverá a protestar en cada caso.

Qué vergüenza, insistimos, hasta del jefe tricolor.

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