El leviatán/Manuel Avalos

La Ruptura

Cuando decíamos hace algunas semanas, que los factores de la derrota priísta del 5 de junio pasado –siete de doce gubernaturas–, tendría que hacerse con base a la lectura de las entrañas del proceso electoral, cuando este culminara con la calificación de los órganos electorales. Porque de este análisis surgiría información relacionada a los errores de operación político-electoral, decisiones y estrategias equivocadas, relacionadas con la selección de candidatos e injerencias externas de grupos e intereses regionales, de grupos de presión y del uso de recursos públicos y de “dinero negro”, que todo el mundo sabe de su existencia en los municipios y entidades.

Sin embargo, apenas conocidos los resultados de las votaciones surgió una campaña mediática que reflejaba de manera abierta o soterrada acusaciones de traición, vertidas en contra de algunos miembros del círculo del poder presidencial, por la pérdida de entidades de sello priista y de otras que responsabilizaron a los programas de gobierno que impactaron negativamente en el ánimo de los votantes, como fueron el incremento del precio de la gasolina, la iniciativa presidencial para legalizar las uniones de parejas del mismo sexo, así como la negativa al castigo de gobernadores priistas ostensiblemente corruptos en su gestión pública.

Los daños colaterales, como se dicen en la jerga de seguridad eran inevitables porque la presión de las facciones del PRI y de los grupos de dentro y fuera del gabinete presidencial, así como de los gobiernos estatales creció como una olla exprés, por las derrota de las siete gubernaturas, algunas de ella con “registro notarial priísta” y de las principales alcaldías de BCN con las cuales el PAN recupera su bastión histórico.

La más reciente confrontación entre la clase política nacional, particularmente entre la posición del PRI y el Gobierno federal, se da en la discusión de la llamada Ley de Anticorrupción, la cual generó una abierta diferencia entre los legisladores priistas más cercanos al Ejecutivo y las del grupo identificado a su dirigencia nacional, que incluso llegó a involucrar a la cúpula empresarial sindicalizada en la Centro Empresarial de la Ciudad de México (Coparmex), quien actuó como un auténtico grupo de presión a través de su representante político histórico que es el PAN.

La determinación de incluir a los empresarios proveedores del gobierno en la llamada tres de tres, que obliga a los contratistas privados a presentar su declaración patrimonial, junto con la fiscal y la de intereses, fue leída por la cúpula empresarial como una afrenta con tufo de venganza del PRI y sus aliados en el Congreso.

Mientras esto sucedía, la confrontación callejera entre los miembros de la CNTE y las fuerzas federales de seguridad fue creciendo, particularmente en Nochixtlán, Oaxaca, que culminó con un saldo rojo de ocho muertes en el pasado fin de semana. Este episodio, violento, incrementó el enrarecimiento de la situación social y política que parece ser la constante de los procesos políticos de la sucesión presidencial desde 1988 y que tuvo su momento de mayor crispación en marzo del 1994, con el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Apenas hace unas horas, el dirigente nacional priista, Manlio Fabio Beltrones, presenta con su renuncia un diagnóstico de los resultados de los recientes comicios estatales en los cuales el PRI pierde siete de doce gubernaturas.

Beltrones argumenta en su renuncia a la presidencia del PRI, una serie de consideraciones políticas de un sistema del cual forma parte y que parece que ahora ya no cree o no está de acuerdo, en lo que el constitucionalista Diego Valadez advierte en su más reciente artículo periodístico publicado en Reforma: “los dirigentes políticos nacionales no parecen conscientes de las contradicciones que una expresión tan arcaica del poder ocasiona en una sociedad informada, plural y libre. Las consecuencias de ese mal acomodo del poder se traducen en corrupción e ineficiencia, y esto genera hartazgo colectivo y rechazo instintivo hacia la política y los políticos. El más reciente proceso electoral es una expresión de esa fatiga social, que seguirá aumentando si no se modifica la estructura del poder.

El presidencialismo nacional y gobernadores locales implican la personalización del poder y la patrimonialización de su desempeño. Por eso la lucha electoral se da entre personalismos y no entre proyectos políticos”.

Asimismo, para cerrar este texto resulta prudente recordar una tesis que hacen en uno de los escasos textos de prospectiva política en México, don Julio A. Millán y Antonio Alonso, en la introducción del libro “México 2030, nuevo siglo, nuevo país” del FCE, publicado en los primeros días del año 2000: “ la transición política de México será en las tres primeras décadas del siglo XXI una transición no exenta de dificultades y retrocesos, que ocurre en un amplio vacío de cultura política de los ciudadanos, en la que las plataformas partidistas son prácticamente inexistentes, con brotes de violencia organizada cuyo expediente no han podido cerrarse, y en una sociedad todavía acostumbrada a los caudillos, que compiten por el poder a través de campañas de mercadotecnia personal”.

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