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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de junio de 2016.- Luego de la polémica que causó la aprobación de la llamada iniciativa 3de3 incluida en la Ley de Responsabilidades Administrativa, que fue avalada el pasado jueves, los diputados del PRI y PAN se confrontaron en opiniones sobre la interpretación que se le da, específicamente al artículo 32 de esta Ley, e incluso ya se habla de una reforma a la reforma, que todavía ni entra en vigor.
La discusión se centra en el artículo 32 de esta ley que establece que los sujetos obligados a presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses son:
Lo que se ha interpretado en el sentido de que todos aquellos que por algún medio reciban un recurso del Estado estarán obligados a realizar su 3de3, lo que el PAN en la Cámara de Diputados ha descalificado y advertido que presentarán una contrareforma.
“Es un despropósito en materia de pedirles a las personas físicas y morales que también deban de presentar su declaración 3de3 cuando ellos no son servidores públicos, es inoperante, no va a funcionar, no va a dar resultados (…). Nosotros haríamos una contrapropuesta concretamente para el 32 de la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la estaremos preparando porque ya será una reforma a la ley”, advirtió el coordinador de los panistas, Marko Cortés.
Señaló que el PRI reconoció que se equivocó en el artículo 32 de esta ley por lo que insistió en que buscarán construir una mayoría y tener algún acuerdo importante que permita transitar el tema en la Cámara de Diputados.
Y es que el PRI contradijo la interpretación de los panistas sobre el artículo en cuestión y en conferencia de prensa, el vicecoordinador del tricolor en la Cámara baja, Jorge Carlos Ramírez Marín, acompañado de otros legisladores, dijo que no permitirán que haya malas interpretaciones respecto a quiénes son los sujetos obligados que señala el artículo 32, por lo que su bancada analiza la posibilidad de presentar una iniciativa para precisar sus términos, específicamente en el inciso C.
Al respecto, reconoció que el artículo no establece con precisión quiénes son los sujetos obligados, lo cual generó una serie de interpretaciones y especulaciones al respecto, como el hecho de que los empleados de las pequeñas y medianas empresas que celebren contratos con entes públicos, también deben presentar sus declaraciones.
Ramírez Marín afirmó que son “absolutamente falsas” todas las versiones que señalan que las personas físicas que reciban del gobierno algún pago por sus servicios tendrán que presentar su 3de3.
“El equívoco que se está manejando tiene implícita una perversidad muy grande porque no es lo que dice la ley, no es a ellos a quien se refiere. La oposición no le está dando la interpretación correcta a este artículo, que quede claro, no se dirige ni a estas empresas ni a estos empleados (…) El compromiso que está haciendo hoy el PRI, es que, si fuera necesario a juicio de alguna autoridad, de algún criterio que probara que efectivamente no alcanza esta redacción, la modificaríamos”, enfatizó.
Y el diputado y empresario Jorge Dávila Flores reiteró que no son sujetos obligados a presentar su 3de3 los becarios de instituciones públicas y beneficiarios de programas sociales, programas del campo o de subsidios, ni programas de apoyo a la educación.
“Haciéndose eco de estas preocupaciones, el PRI analiza la pertinencia de presentar una iniciativa que precise los alcances y los sujetos determinados a los que se refiere el artículo 32 de forma tal que se establezca con claridad quienes son los sujetos de esta ley”, indicó el diputado Dávila Flores.
Subrayó que los diputados de su bancada estarán analizando la aplicación del artículo 32 y la disposición “para presentar las iniciativas que sean necesarias e impulsarlas, a fin de evitar cualquier confusión de la materia”, puntualizó.
Así, esta ley 3de3 aún sin ser publicada ya es objeto de análisis para reformarla.