Ley de Seguridad Interior, sin beneficio directo a las personas: CNDH

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de enero de 2018.- El titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, aseguró que la recientemente promulgada Ley de Seguridad Interior, no reporta ningún beneficio a la población, ni para las propias Fuerzas Armadas, por el contrario, afirmó que se corre el riesgo de que permita la discrecionalidad en la actuación del Ejército atentando así contra las libertades y derechos de la ciudadanía.

“La simple lectura de la Ley de Seguridad Interior en sus términos actuales, permite advertir que no reporta ningún beneficio directo a las personas ni a los elementos militares que intervienen y arriesgan su vida en tareas de seguridad pública. La Ley es, en su parte sustantiva, un instrumento que posibilita que, el Ejecutivo Federal pueda ordenar discrecionalmente la intervención de las Fuerzas Armadas e incidir en el ámbito de libertades y derechos de las personas”, aseveró.

Lo anterior lo dijo el ombudsman durante la rendición de su informe anual 2017 ante diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se refirió a la acción de inconstitucionalidad que este órgano autónomo presentó la semana pasada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), contra la polémica Ley.

Indicó que el argumento en este recurso es que el articulado de la Ley de Seguridad Interior es contrario al contenido y esencia de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, ya que genera la posibilidad de que éstos se vulneren.

“Genera la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas reconocidas en favor de las y los mexicanos, además de afectar el diseño y equilibrio constitucionalmente establecido entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y Poderes”, sostuvo.

González Pérez enfatizó que con esta acción la CNDH no busca atacar las instituciones ni debilitar el Estado de Derecho, sino por el contrario, plantear los diferendos que existen al respecto de esta Legislación ante las instancias jurisdiccionales que así lo permiten, para preservar, señaló, la integridad del sistema constitucional y de los derechos humanos.

Sobre las quejas y recomendaciones emitidas contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) o la Secretaría de Marina (Semar), refirió que, si bien bajaron en comparación con 2016, ambas instancias siguen siendo señaladas como responsables de presuntas violaciones a derechos humanos, que se presentan en casos como tortura, desaparición forzada, o ejecución arbitraria, entre otras.

“Es necesario y urgente que las autoridades civiles recuperen el ámbito de la seguridad pública. En tanto las Fuerzas Armadas no puedan retornar a las tareas que les son propias, es previsible que estas imputaciones continúen, desgastando y debilitando la credibilidad y confianza de la sociedad en sus instituciones”, mencionó.

Reconoció el trabajo realizado por la actual Legislatura y destacó los ordenamientos que se lograron, en especial la Ley General sobre Desaparición Forzada y por Particulares, subrayó que son experiencias exitosas que demuestran que se pude hacer un trabajo coordinado entre legisladores, expertos, académicos, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, organismos nacionales e internacionales de protección y defensa de los derechos humanos, así como autoridades.