Ley federal de Juicio Político, paso contra impunidad: Evangelina Moreno

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de septiembre de 2021.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley Federal de Juicio Político y la Declaración de Procedencia y se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyos beneficios serán garantizar la oportunidad administrativa de la justicia en materia penal a los funcionarios que durante su mandato se alejen de los principios y valores que rigen su empleo, cargo o comisión.

También se establece que los presidentes de la República recibirán el mismo trato como cualquier otro ciudadano, por parte de los juzgadores en materia penal. Además de combatir la corrupción e impunidad de los altos funcionarios evitando que abusen de su investidura para incurrir en conductas ilícitas sin correr el riesgo de ser llamados a juicio, garantizando así la aplicación de la justicia penal y política.

Al respecto, la diputada por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Baja California, Evangelina Moreno Guerra, dijo que con esta ley se da un paso firme para eliminar el sistema de impunidad que existía desde la Ley Suprema, que blindaba protección y privilegios al Presidente de la República y, al mismo tiempo, violentaba el principio de igualdad ante la ley

No obstante, la legisladora comentó que será fundamental contar con un único órgano instructor e investigador como lo es la Sección Instructora, para agilizar el procedimiento y garantizar el debido proceso en el juicio político y la Declaración de Procedencia.

Al expedir una nueva ley se actualiza, definen y regulan los procedimientos que permitan sancionar a servidores públicos que han violentado el buen funcionamiento de las instituciones públicas o que con su conductas u omisiones han caído en responsabilidad penal, más aún si el perjuicio deriva de una conducta contraria a la normalidad jurídica penal, ejecutada por el titular del Ejecutivo federal, son argumentos de la iniciativa del ex legislador de la LXIV Legislatura.

En la primera sesión ordinaria de la LXV Legislatura se argumentó en dicha iniciativa -que viene desde la legislatura pasada-, que la nueva norma se apega al texto constitucional permitiendo determinar la responsabilidad de funcionarios de alto nivel que han incurrido en violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales o que han hecho uso indebido de fondos y recursos federales, sancionándolos con su destitución e inclusive con la inhabilitación.