Ley Garrote, inconstitucional; Morena no debió votarla: Alejandro Rojas

TAPACHULA, Chis., 1 de agosto del 2019.- La recién aprobada Ley Garrote en el Congreso del Estado de Tabasco, es inconstitucional y violatoria de los derechos políticos y humanos, por lo que los diputados de Morena no debieron votarla y, mucho menos, debió apoyarla la secretaria General en funciones de presidenta, Yeidckol Polevnsky, señaló el consejero de dicho partido Alejandro Rojas Díaz Durán.

Destacó que va en sentido opuesto de los principios fundacionales del Estado mexicano y de la esencia de Morena. «Ir en contra de nuestra propia historia. Es un paso al pasado sombrío del México que tan bien describiera Octavio Paz respecto al Estado mexicano de las tristes épocas represivas: no nos vayan a llevar a ser una nueva versión grotesca del ogro filantrópico».

Subrayó que esta ley, es absolutamente contraria a los principios democráticos y progresistas que definen las luchas del pueblo mexicano. Sin estas no hubiera caído la dictadura porfirista, aún y cuando también era legal la represión de la movilización social.

Agregó que es una ley tan absurda como represora, a tal grado que para el Estado de Tabasco se penaliza con más años de prisión protestar contra una obra pública, que por una violación o un homicidio.

Además que es una señal ominosa y sombría que ya traspasó la garantía constitucional que protege las libertades públicas y los derechos políticos de los tabasqueños y/o mexicanos que desean protestar. 

El diálogo, la tolerancia y el respeto a las libertades y los derechos políticos, en un Estado de Derecho, son los principios esenciales que deben regir la actuación del Estado mexicano.

«Criminalizar las protestas con ésta visión represiva y autoritaria, es un precedente funesto y es todo lo contrario a lo que hemos venido defendiendo y nosotros mismos –que gracias a al ejercicio pleno de esas garantías constitucionales– hemos venido protestando y avanzando por décadas y siempre hemos rechazado cualquier signo represivo de la protesta pública, política y social.

«Entiendo la legítima preocupación y recelo de los Gobiernos federal y estatal, respecto a quiénes puedan encabezar manifestaciones y detener, posponer y afectar el desarrollo de las obras públicas que están por iniciarse en esa entidad, concretamente la construcción de la refinería Dos Bocas, en la entidad sureña de México», detalló.

Señaló que esos líderes venales a quienes va dirigida esta inefable Ley Garrote, que seguro sí son unos falsarios y demagogos, pero se debe tener muy claro que ellos son sólo son el instrumento que utilizan y manipulan los verdaderos patrocinadores y mecenas de las mismas, y nunca dan la cara ni van a protestar, sino que se ocultan detrás de ellos y tratan de proteger sus aviesos intereses –muchas veces ilegítimos–, pero eso, no nos da el derecho de sacar el garrote y paguen justos por pecadores.

En todo caso, pidió imponer otro tipo de penas pecuniarias, fiscales y administrativas a los verdaderos promotores de las mismas y sean ellos los que reciban todo el peso de la ley, pero que sea proporcional al delito que se pretende establecer, porque permitir que se aplique como se aprobó, sólo estarán reprimiendo al pueblo y no castigando a los intereses que se oponen a esas obras, que si tal fuese el caso, también estarían en su legítimo y constitucional derecho de oponerse, y para ello, ahí están los Tribunales y el Poder Judicial.

Las instituciones del Estado deben de fortalecerse de legitimidad democrática y de autoridad política, a través del respeto responsable de los ciudadanos al Estado de Derecho y las mismas instituciones y autoridades públicas, deben de respetar escrupulosamente los plenos derechos y garantías constitucionales de los gobernados.

La imposición excesiva y represiva de penas con cárcel a los manifestantes o líderes, sólo iniciará un círculo perverso de represión y de violencia hacia los ciudadanos, que no resolverá de fondo lo que se dice defender como interés público.

En principio y finalidad del Estado es respetar y ser respetado, en el marco de los derechos humanos, políticos, sociales y de la conciencia crítica de los ciudadanos que constituyen ciudadanía a través de las instituciones democráticas.

Siempre habrá forma de encontrar un entendimiento y un equilibrio entre la protesta social y la legítima actuación del Estado, pero es un último recurso el uso de la fuerza pública y las penalizaciones contra quienes alteren el orden social, más no constitucional, y no puede ser criminalizanda y penalizada de manera excesiva y represiva ninguna protesta social ni política, porque se estaría atentando contra la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, máxima proclama universal a favor de las libertades y de los derechos humanos.

Añadió que es una regresión política que vaticina que la línea autoritaria y represora de algunos miembros de la nomenclatura de Morena, como Yeidckol Polevnsky, Luján y Delgado –cuyo principal apoyo, por cierto, es el novel garrotero Gobernador de Tabasco– está permeando dentro del movimiento, cuyo radicalismo sectario ya se abrazó, por ejemplo, con el otro extremismo de derecha, al coincidir en esta excesiva y represiva ley, con el mismísimo Diego Fernández de Cevallos y otros voceros que pedían cárcel para todos nosotros cuando ocupamos Reforma o cuando hemos protestado de todas las formas posibles en contra de muchísimas decisiones del Estado mexicano.

Indicó que no puede ni deben olvidarse las movilizaciones de los maestros, ferrocarrileros y médicos, en los años de 1958.

«¿Se nos va a olvidar la represión sangrienta de los estudiantes del 68, que pedían el cese de un jefe de la policía y mejoras para la UNAM?

«Y qué decir de las masivas protestas y movilizaciones populares contra el fraude electoral de 1988, con su secuela de más de 500 muertos o desaparecidos por la lucha democrática –algunos de ellos, amigos nuestros–, en la que se cercaron aeropuertos, cruces fronterizos, etcétera.

«¿Ya se nos olvidó que gracias a las masivas protestas ciudadanas se evitó el brutal aniquilamiento del EZLN y el desafuero del hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador?», recordó.

Siguió señalando que los extremos ideológicos de la extrema izquierda y de ultra derecha se funden peligrosamente en su visión de que a los adversarios políticos hay que anularlos y aplastarlos hasta disminuirlos a su mínima expresión política. En eso nunca vamos a coincidir los que somos demócratas, progresistas y defensores de las libertades.

Resaltó que en una democracia siempre triunfa el interés público por encima de cualquier interés de grupo o de partidos.  El interés general se impone siempre con la aplicación justa de una ley justa y nunca por la fuerza de la fuerza del Estado.

«Eso sí es gobernar guiados por el imperio de leyes justas, democráticas y con un alto espíritu cívico, en donde cada quien sea respetado en sus libertades públicas, derechos humanos y políticos, cumpliendo con todos los deberes de ciudadano en un Estado fundado en una ética constitucional que aliente el la participación ciudadana, democrática, pacífica, tolerante y dialogante en un entorno de respeto a la pluralidad ideológica y militante de todos los mexicanos.

«Vuelvo a parafrasear a Shakespeare: ‘algo huele mal en Morena…’ ya van varias: reelección disfrazada del gobernador electo en Baja California y ahora la Ley Garrote. ¿Qué sigue?

«Corregir. Eso debe seguir,  para seguir avanzando como la ciudadanía votó: por un nuevo régimen político democrático, incluyente, profundamente comprometido por la justicia social y respetuoso de todos los derechos de todos», remató.