Con 39 votos en contra, avalan 3 secretarías y una agencia digital
CIUDAD DE MÉXICO, 8 de diciembre de 2016.- Será en la sesión del próximo martes cuando el Pleno de la Cámara de Diputados discuta y eventualmente apruebe los dictámenes de las minutas enviadas por el Senado referentes a la Ley General de Víctima y la de Protección de Datos Personales.
Durante la sesión de este jueves, se les dio publicidad a estos dictámenes; el primero reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, con el objetivo de dotar de herramientas a las instituciones encargadas de atenderlas, así como garantizar, proteger y promover los derechos de las personas afectadas por delitos.
El dictamen faculta a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para atraer los casos del fuero local relacionados con la atención y reparación de las víctimas, y lo reconoce como órgano operativo y rector en materia de atención a víctimas y de violaciones de derechos humanos.
Por lo cual, el CAEV deja de ser un órgano colegiado y su responsabilidad recaerá en un Comisionado Ejecutivo que a pesar de ser nombrado por el Presidente de la República, debe designarse en una consulta pública previa entre colectivos de víctimas, especialistas y expertos que trabajen en la atención de las mismas, para ser finalmente ratificado por el Senado de la República.
Entre los puntos más importantes que establece el documento está que garantiza la participación de la sociedad civil en la formulación, control y evaluación de las políticas públicas, esto será a través de la figura de Asamblea Consultiva que estará integrada por nueve representantes de dichos colectivos, sociedad civil y académicos, mismos que podrán asesorar al Comisionado Ejecutivo en la toma de decisiones, además de cuatro representantes que integrarán la Junta de Gobierno.
Además, flexibilizan mecanismos de acceso a recursos del Fondo de Reparación del Daño, fortalecen el otorgamiento de medidas de ayuda, asistencia, atención y rehabilitación necesarias y urgentes, para subsanar las necesidades diarias de las víctimas, que hoy se encuentran sujetas a mecanismos burocráticos.
Sobre los recursos de ayuda y gastos como alimentación, hospedaje y trasportación, entre otros, el documento plantea que deberán concebirse como gastos operativos ordinarios que permitan a las víctimas obtener una atención inmediata, adecuada y efectiva.
Mientras que el otro dictamen que se refiere a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión Sujetos Obligados, ésta tiene como objetivo establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados en el ámbito federal, estatal y municipal, así como cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Sindicatos y cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal también serán responsables de los datos personales de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos personales en posesión de los particulares.