Ley de seguridad interior, síntoma de un paradigma que fracasó:  Red TDT

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de marzo de 2017.- Para la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RTDT), la Ley de seguridad interior que pretende instaurar el gobierno mexicano, es el síntoma extremo de un paradigma de seguridad que fracasó.

A través de un posicionamiento, los organismos señalaron que la propuesta de crear una Ley de seguridad interior a fin de regularizar la intervención militar en tareas de seguridad pública y de procuración de justicia no es la solución a estos problemas.

Aseguraron que organismos nacionales e internacionales, expertos en la materia y el propio Secretario de la Defensa, han coincidido en que las tareas de seguridad pública no son propias de la autoridad militar.

«Sin embargo, la realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) mexicanas llevan años auxiliando a las autoridades civiles en labores de seguridad pública y, especialmente, desde hace 10 esta participación se ha vuelto más común y menos auxiliar, siendo en ocasiones éstas las únicas con capacidad de realizar las labores que corresponden a la autoridad civil», expresaron.

Al lamentar que la crisis de la violencia y de violaciones a los derechos humanos en México no cede, advirtieron que los homicidios violentos están nuevamente en crecimiento en el promedio nacional.

«La evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia y sí, en cambio ha desgastado a las Fuerzas Armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparados, tal como lo ha reconocido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional», expresaron.

La Red TDT señaló que el país requiere de autoridades civiles capaces de solucionar la crisis de inseguridad y violencia y que, antes que una Ley de seguridad interior, se necesita construir policías confiables y capacidad preventiva por parte de las autoridades civiles.

Los organismos firmantes afirmaron que es indispensable trazar un plan de regreso escalonado de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y un programa de profesionalización policial que en verdad logre instituciones policiales eficaces y confiables.

«El anterior presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña así lo han ofrecido. Ambos han incumplido», pronunciaron.

«Las propuestas de Ley en la materia proponen un régimen de excepción en el que se violentan los derechos de libre tránsito, debido proceso, presunción de inocencia entre otros, a la vez que no presenta ninguna ruta para enmendar esta situación. Se trata de un régimen incompatible con la Constitución y que deja además sin escuchar las voces de las víctimas que ha dejado la actual estrategia de seguridad».

Ante ellos, propusieron una serie de alternativas que se pueden leer AQUÍ