Ley sobre pueblos indígenas se construye desde el México profundo: INPI

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de agosto de 2026.- En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el que se reconoce y honra la historia de lucha y resistencia de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, el Gobierno de México trabaja por un nuevo marco normativo que garantice plenamente sus derechos inalienables.

Estos derechos están reconocidos en el artículo 2° de la Constitución Mexicana y la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.

En Tepic, Nayarit, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, encabezó la Asamblea Regional de los pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexikan de la Sierra Madre Occidental; mientras que en Chalcatzingo, Morelos fue presidida por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.

Por tercer día consecutivo, se realizaron 4 Asambleas Regionales de Consulta sobre la Propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos con los Pueblos Nahua, Wixárika, Náayeri, O’dam, Mexikan y Mayo en Chalcatzingo, Morelos; Comala, Colima; Tepic, Nayarit; y Etchojoa, Sonora.

En cada territorio, las asambleas se convierten en espacios vivos de diálogo y participación colocando en el centro la voz, la palabra, el pensamiento y la participación de los pueblos, quienes analizan el contenido de la propuesta y plantean las modificaciones, adiciones y observaciones que consideran necesarias para que la nueva legislación responda a sus realidades, formas de organización y aspiraciones.

Ley que garantice derechos: Adelfo Regino Montes

En Tepic, Nayarit, el director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, escuchó y dialogó con las autoridades y representantes de los pueblos Wixárika, Náayeri, O’dam y Mexikan de la Sierra Madre Occidental.

Resaltó el significado especial de esta jornada en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, al poner en el centro de la conmemoración el análisis de una ley destinada a reconocer y proteger los derechos de los pueblos y comunidades, en cumplimiento del artículo 2º de la Constitución.

Explicó que la reforma constitucional representa un cambio profundo en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas y afromexicanos, al dejar atrás su consideración como objetos de políticas y acciones de gobierno para reconocerlos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, atribuciones, funciones y capacidad para recibir y ejercer recursos públicos de manera directa.

Enfatizó que la propuesta se encuentra ahora en manos de los pueblos para que la lean, analicen y reflexionen, y puedan agregar, modificar o retirar aquello que consideren necesario. “Venimos a escuchar y venimos a construir de manera conjunta”, afirmó al señalar que quedaron atrás los tiempos en que las iniciativas relacionadas con los pueblos se elaboraban desde un escritorio.

Por su parte, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, sostuvo que la Ley General será un instrumento fundamental para avanzar hacia una justicia real y sustantiva para los pueblos indígenas, al establecer las bases jurídicas para hacer efectivos los derechos reconocidos en la Constitución.

Explicó que la igualdad no puede limitarse a su reconocimiento formal ante la ley, sino que debe traducirse en condiciones que permitan proteger las lenguas, territorios, formas de organización y elección de autoridades de los pueblos, así como regular su relación con los municipios, los estados y la Federación.

Destacó la relevancia histórica de contar con una legislación federal específica en la materia y señaló que una norma adecuada permitirá también que los órganos jurisdiccionales cuenten con mayores elementos para garantizar los derechos de los pueblos y comunidades.

En las diversas asambleas, con amplia participación de mujeres y hombres, jóvenes y mayores, las comunidades a través de sus representantes hacen presente la fuerza de su palabra que durante generaciones ha sabido preservar la memoria, defender el territorio y mantener vivas sus lenguas, sus culturas y sus formas propias de organización.

Las cuatro Asambleas Regionales representan un paso más en el horizonte de esta nueva relación entre el Estado mexicano y los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una relación fundada en el reconocimiento de los Pueblos Indígenas como parte fundamental en la transformación de la vida pública nacional.