Ley de víctimas reivindica justicia por guerra contra las drogas: Senado

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de abril de 2017.- La Ley General de Atención a Víctimas reivindica algunos reclamos de justicia de las víctimas de diversas regulaciones de drogas instrumentadas en México, avaladas por los más altos niveles de gobierno del Estado mexicano, así concluye un estudio del Senado de la República.

“Estas normas están respaldadas, a pesar de la falta de mayores estudios y mejor articulación intelectual, por un alto grado de consenso social y político para que las víctimas de la mal llamada “guerra contra las drogas y el crimen organizado” consigan justicia y reparación de los daños más allá de cualquier coyuntura que se oponga a este objetivo”, expresa.

El documento Los reclamos de justicia de las víctimas como política de Estado argumenta que la idea de que los reclamos de las víctimas de las regulaciones internacionales y nacionales sobre drogas deben ser abrazadas como una política de Estado en nuestra nación, ya que “va más allá de cualquier coyuntura política o social que los limite en el corto plazo”.

“Estos avances dan mayor pertinencia a la incorporación del reconocimiento de los daños causados por las políticas internacionales y nacionales de drogas a diversas víctimas, para plantear su reparación e impulsar la modificación de las convenciones e instituciones internacionales que las promovieron desde el siglo XX”, añade.

“Los mexicanos son víctima de innumerables violaciones a los derechos humanos y otros procesos de victimización y costos sociales sin cuantificar. En este texto vimos que el derecho al libre culto, la salud y la libre determinación de la personalidad ha sido violentado sistemáticamente desde la colonia”, menciona.

El documento del Instituto Belisario Domínguez expone que el Estado mexicano, así como a diversos hechos que han mostrado los límites de los derechos humanos, como discurso y como práctica, resuelven los reclamos de justicia de los cientos de miles de víctimas de las políticas de drogas.

“Los derechos humanos son, usualmente, invocados para proteger a las personas, cuando alguna autoridad los viola directamente. Esta práctica ha dejado desprotegidas a quienes son víctimas de actos criminales de privados, en colusión o no con autoridades, incluidos los inducidos directa o indirectamente por las políticas de drogas”, añade.

Durante siglos, una de las consecuencias no deseadas de estas políticas ha sido la creación de incentivos que empujan a diversos actores a la criminalidad.

“Este proceso se ha radicalizado con la creación del régimen global de prohibición debido a que la corrupción y la violencia vinculada al contrabando de drogas ha victimizado a cada vez más mexicanos desde la firma e instrumentación de la Convención Única de 1961 y, con mayor intensidad, luego de las “guerras contra las drogas” de los años 1970 y, después, a partir de 2007” sostiene.