Liberan a Hugo Sánchez, joven mazahua, acusado injustamente

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de octubre (Quadratín México).- Hugo Sánchez Ramírez, mazahua del Estado de México, acusado injustamente de portación de arma y secuestro, condenado a 37 años de prisión, de los cuales pasó 5 en la cárcel, reflexiona y asegura que estudiará derecho para defender a los inocentes que están en la cárcel.

Muchos, dijo en conferencia de prensa después de abandonar la cárcel, que están en prisión y no han cometido delito: “Hay mucha gente como yo en las cárceles, pagando delitos que no han cometido. Quisiera que no fuese yo el único que apoye a otras personas. Me siento contento, volví a nacer”, explicó en conferencia de prensa.

En 2007 policías ministeriales del Edomex y municipales de Villa Victoria detuvieron a Sánchez argumentando que “conducía con actitud sospechosa”, y al no existir una causa legal para retenerlo, los policías colocaron armas en su vehículo, para justificar su aprehensión.

Posteriormente las autoridades elaboraron unas cartulinas donde incriminaban a Hugo Sánchez por delito de portación de armas y secuestro. “Lo que hacen, llevan estas cartulinas a las víctimas y les piden reconocer a Hugo Sánchez como secuestrador. Es el origen de ambas acusaciones”, explicó Simón Hernández, su abogado.

El proceso judicial fue de dos años, con irregularidades y claras violaciones a sus derechos humanos, y a pesar de que no existieron pruebas contundentes, Sánchez fue sentenciado a 37 años de cárcel por secuestro y cinco años más por portación ilegal de armas.

El 19 de octubre de 2011 la Primera sala de la SCJN pidió conocer la resolución de los amparos de Sánchez por las sentencias definitivas por ambos delitos.

“En el momento en el que la Corte le concede el amparo y ordena su libertad, es que se da esta pretensión de las autoridades del Estado de México por criminalizarlo, con el ánimo de manchar su nombre. Lo detienen arbitrariamente, lo inculpan por un delito que no cometió y además, cuando se comprueba su inocencia, se insiste en criminalizarlo, son acciones totalmente reprobables”, subrayó Hernández.

El abogado afirmó que continuarán en la búsqueda de las sanciones a los funcionaros y autoridades que incurrieron en las violaciones. “A lo más que se puede aspirar es a una indemnización económica, pero no hay como quebrar el círculo de impunidad, que no permiten la investigación para establecer quién fabricó el delito, que servidores incurrieron en irresponsabilidad al sentenciarlo injustamente”, explicó.

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