Descomplicado
Contradice el autoritarismo pasado, la defensa autonómica de Lorenzo Córdova
La propuesta de desaparecer los organismos autónomos hecha por AMLO, se basa en la poca eficacia de algunos y la duplicidad de funciones. En cerca de treinta años, los organismos autónomos no frenaron el autoritarismo ilimitado de los gobernantes del PRI y del PAN. Su función de equilibradores del poder no se expresó, por el contrario, muchos de ellos fueron vínculo directo para ejercer ese tipo de gobierno. Eso se demuestra con multitud de hechos que la opinión pública conoce. No solo en estos días, también en meses anteriores, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, ha hecho una defensa exhaustiva de los organismos autónomos como entes de equilibrio y control que deben existir en una democracia constitucional moderna. No se duda, pero la realidad y los datos de los últimos casi 30 años, apuntan a otra cosa. El mismo funcionario señala que es una lucha larga, de más alrededor de 200 años, de crear formas de control del poder que se han ido concretando a lo largo también de ese tiempo sobre todo en países europeos. En México los organismos autónomos empezaron a surgir a principio de los noventa del siglo pasado, aunque ya existían con otras características las universidades públicas, por ejemplo, que han ejercido su autonomía, en función de lo que para ellas significa. Los primeros en aparecer fueron el Banco de México en 1993 y el propio INE con su nombre anterior Instituto Federal Electoral (IFE) en 1996. Aparecieron después la CNDH ya como organismo autónomo, el INEGI, el CONEVAL, el INAI, etcétera, en dimensiones diversas de sus funciones, pero siempre asumiendo una autonomía que se menciona, pero no se desglosa totalmente en la Constitución. Todos sus titulares han entrado a la defensa, en contra de la propuesta presidencial de desaparecerlos.
¿Dónde estaba el INE cuando se defraudaba en comicios?
Los resultados que deberían de ofrecer los organismos autónomos tienen que ver con las propias funciones que ejercen y cada organismo tiene una actividad supuestamente diferente. Estas tienen el propósito según las teorías de generar una forma de comportamiento que lleve a un mejor orden de cosas, en un país más democrático y plural. Las décadas que hemos vivido desde Carlos Salinas de Gortari, hasta el 2018, no reflejan ninguna forma de control en el poder. Hubo fraude electoral en 1988 que estuvo fuera del control de estos organismos que no existían, pero cuyo presunto triunfador Salinas de Gortari, gobernó hasta la creación de algunos de éstos. En 2006, cuando Felipe Calderón se robó las elecciones presidenciales ante millones de televidentes, el actual INE se llamaba IFE y su consejero presidente Luis Carlos Ugalde, aceptó y formalizó las órdenes de Vicente Fox, en contra de AMLO al que había perseguido con fiereza para lograr su desafuero. Ha habido muchos fraudes desde entonces. La existencia de esos organismos se debería de mostrar en su forma diversa de actuar, pero si revisamos los muchos robos y saqueos, los dispendios presidenciales como el del famoso avión presidencial, y todo lo que está apareciendo, se nota que su influencia en la democratización del país es muy remota. Las universidades son autónomas, es cierto, pero si revisamos la estructura de la UNAM, por ejemplo, exhibiremos lo que se sabe, el control priísta de las direcciones, de los recursos y de la propia rectoría en muchas épocas. De la CNDH, en la gestión de Raúl González Pérez, se conocen sus omisiones y sus preferencias como la defensa del aeropuerto de Texcoco. Hay señalamientos contra el INEGI, el INAI, CONEVAL y otros autónomos y una situación que se menciona es el gasto enorme que cuestan esos organismos que suelen ejercer funciones administrativas que organismos centrales podían realizar.
No se nota la defensa fundamental de derechos de que habla Córdova
Lorenzo Córdova subraya que los organismos autónomos actúan en beneficio de los derechos fundamentales. Probablemente haya excepciones, pero la aseveración lo deja mal parado. No es su papel directo, pero si en el comportamiento que se genera, y que lleva a situaciones desastrosas. Una de ellas, es el salario de los trabajadores en un país de más de 70 millones de pobres, cuya mención en estas crónicas es reiterativa, porque ahí están. Un derecho fundamental es obtener un salario que cubra las necesidades vitales, ¿las cubrirá un trabajador que tiene como salario mínimo mensual cerca de cuatro mil pesos, frente a más de 200 mil que gana el consejero presidente del INE? ¿Qué vale más en la evaluación de los salarios, la vida que va perdiendo un albañil que no tuvo opciones de educación, mientras lleva pesadas cargas en su espalda o el que está en un escritorio intelectualizando una próxima elección? Habría que preguntarle a Marx. Los juristas que analizan el caso de los autónomos, sugieren que la Constitución de 1917 que recientemente cumplió 104 años (Congreso de la Unión, Gallardo ediciones, enero 2021), debería de crear un apartado especial para definir exactamente cuál debe ser su función. Misma que está en entredicho si sigue adelante la propuesta de AMLO de cancelar los mencionados organismos.