El concierto del músico/Rodrigo Aridjis
Felipe de J. Monroy*
Prácticamente desapercibida, la creación del capítulo mexicano de la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM-Mx) es la evidencia de que los graves problemas sociales derivados de las afectaciones al medio ambiente no suelen ser tomados con la suficiente atención. Y no es una cosa nueva, los conflictos socioambientales y las agresiones a los defensores de la tierra son una estampa que hunde su drama en la historia de prácticamente todos los territorios devastados por intereses económicos y políticos, aunque casi siempre permanezcan en la sombra.
En el documento fundacional de este capítulo mexicano, cuyo propósito es la preservación del medioambiente junto a la ineludible promoción de los derechos comunitarios, se enumera con claridad meridiana el tipo de desafíos a los que la sociedad se enfrenta y cuya urgencia y trascendencia hacen palidecer a las banalidades de las batallas electoreras: “Los basureros tóxicos; los megaproyectos donde suele estar relacionada la minería y las hidroeléctricas; el acaparamiento de tierras para cambio de uso de suelo o la promoción de los monocultivos; la dificultad de acceso y reconocimiento al derecho humano al agua potable; las concesiones desproporcionadas de agua para su mercantilización en beneficio de grandes corporativos; la contaminación en playas y cuerpos de agua; la pérdida de biodiversidad; los modelos intensivos de producción centrados en el consumo y la correlación que tienen todos estos fenómenos con enfermedades diversas como cáncer, daños en el riñón, diabetes, abortos, etcétera”.
En estos días, las opciones electorales concentran sus argumentos diferenciadores en su manera de abordar problemas inmediatos o incluso a algunos sujetos a vaivenes ajenos a la política (seguridad, economía, trabajo). Sin embargo, los desafíos enunciados por la REMAM y por cientos de liderazgos comunitarios respecto a la devastación del medio y los equilibrios de la actividad humana requieren medidas que, si bien pasan por las políticas públicas, tienen un elemento imprescindible en la construcción de una cultura de respeto y una alta conciencia social porque sus efectos y su reparación implican décadas de esfuerzo.
Los problemas socioambientales en México se han multiplicado en el último lustro. En 2016, el investigador Víctor Toledo había documentado 420 conflictos y alertó que en sólo un año y medio la cifra se había duplicado. Los conflictos socioambientales descritos por Toledo incluían principalmente aquellos provocados por proyectos de minería, energéticos y de explotación de recursos hídricos. Hoy hay un universo de más de 900 conflictos de esta naturaleza, la mayoría en comunidades indígenas y rurales donde proyectos de ‘desarrollo económico’ prácticamente exigen la devastación de los biomas, el desplazamiento forzado de comunidades y la ruptura del bienestar social para perseguir beneficios económicos legales o no.
Por si fuera poco, la criminalización de los defensores de las tierras es la primera de las estrategias legales utilizada por intereses políticos y de mercado para evitar afectaciones a sus negocios; las subsecuentes medidas contra los líderes ambientalistas implican ya acciones fuera de la ley: intimidación, amenazas, persecución, secuestro e, incluso, asesinato. Lo mismo sucede con los periodistas y los medios que dan voz a los abusos del ecocidio.
Encontrar vías de solución a estos conflictos socioambientales tampoco es cosa fácil pues la primera estructura de interés en la protección del bien común y el territorio debería ser el propio gobierno local; pero, tal como han denunciado activistas e iglesia, los representantes constitucionales suelen, por interés, ser más solícitos a promover y proteger megaproyectos económicos que a la salud y el bienestar de sus conciudadanos.
¿Hay algún camino para atender estos dramas que afectan más que a nuestra generación? Quizá. Están principalmente en estos personajes y espacios hoy reivindicados por la Iglesia católica y el papa Francisco a los que llama ‘poetas sociales’. Líderes y miembros de movimientos populares cuya “energía moral surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común”, diría Bergoglio.
Es cierto que, paulatinamente, los gobiernos mundiales comprenden mejor la correlación entre las crisis económicas y políticas, y aquellas derivadas de la afectación ambiental, del cambio climático y los grandes procesos humanos de migración, desplazamiento e hiperconsumo. Y, aunque son bienvenidos todos los grandes compromisos de impacto global (reducción de emisiones de carbono, reconfiguración de suministro energético, etcétera) siempre será imprescindible la labor comunitaria que protege la economía solidaria, la preservación del bioma, la dignidad de los pueblos y la racional explotación de los recursos naturales en las pequeñas organizaciones humanas.
*Director VCNoticias.com
@monroyfelipe