Agrarista buscarán un acuerdo rural con el gobierno y miembros del Pacto

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de abril (Quadratín México).- El Congreso Agrario Permanente (CAP) se declaró listo para iniciar las mesas temáticas y trabajar los próximos tres meses con autoridades federales y miembros del Pacto por México, a fin de concretar un pacto rural antes del 1 de septiembre.

El coordinador de esa agrupación, Max Correa Hernández, resaltó la propuesta del presidente del Consejo Rector del Pacto por México, Jesús Zambrano, que fue aceptada por el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Aurelio Nuño, para dialogar con organizaciones campesinas.

“Los campesinos requerimos hacer un nuevo Pacto con el Estado Mexicano, para superar la pobreza y recuperar nuestra soberanía alimentaria; los campesinos e indígenas, no somos hoy un problema, somos la solución de los problemas”, refirió.

En entrevista, dijo que la pobreza rural y la dependencia alimentaria de México tienen orígenes estructurales que requieren corregirse con acciones de Estado, pactadas con los actores del medio rural.

Consideró que el Pacto Rural debe contener compromisos claros del Estado mexicano para apoyar la agricultura campesina y familiar como lo mandata el texto constitucional en los artículos cuarto y 27, en relación al derecho a la alimentación para todos los mexicanos y el desarrollo rural integral.

La reforma al campo que propone el CAP al gobierno federal y a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, tiene cinco ejes fundamentales, que se proponen para las mesas temáticas acordadas en la reciente reunión del Consejo Rector del Pacto por México.

El primero pide comprometerse a modificar el Presupuesto del Programa Especial Concurrente a partir del año 2014, desde una base cero, para hacerlo multianual y participativo, alineado a cumplir los nuevos objetivos de la reforma del campo que pactemos.

El segundo plantea la inversión en bienes públicos, en infraestructura económica y en conectividad, con estricto respeto a los derechos agrarios y al territorio campesino e indígena, para darle competitividad a las zonas rurales del país.

Como tercer punto, la propuesta solicita apoyos a la agricultura campesina y familiar con inversión en organización, capital social y humano, para la producción, comercialización, almacenamiento y abasto de alimentos.

Lo anteiror, con apoyo a la capacitación, asistencia técnica y financiamiento de la agricultura campesina sin abandonar a la agricultura comercial.

En cuarto lugar propone la preservación de recursos naturales y derechos de la tierra para enfrentar el cambio climático; y por último, delinear una agenda legislativa que permita compactar y simplificar el marco jurídico del sector rural y hacer más operativas y funcionales a las instituciones y presupuestos de los programas del sector.

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