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Pospone INE presentación de informe sobre candidaturas a elección del PJ
CIUDAD DE MÉXICO, 17 de julio de 2016.- Durante el presente ejercicio fiscal el campo ha sufrido recortes por 7 mil 205 millones de pesos, situación que cada día es de mayor gravedad y podría alterar la paz social de muchas entidades del país, particularmente del sureste, alertó mediante un comunicado la diputada del GPPRD, Karina Barón Ortiz.
Consideró que de los llamados ajustes preventivos que se han llevado al cabo desde la Secretaría de Hacienda, sin la opinión, al menos de la Cámara de Diputados, como correspondería, debería alguien dar la cara y no esconderla como avestruz.
En ese sentido, la legisladora oaxaqueña lamentó que hasta el momento el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, continúe negándose a reunir con la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego de la Cámara de Diputados para que expliqué el porqué de estos recortes, qué se va a hacer para apoyar a los campesinos y qué va a pasar con el presupuesto 2017.
Por ello demandó que el funcionario dé la cara a los legisladores porque no es posible que las facultades de la Cámara de Diputados como es aprobar el presupuesto, el Ejecutivo federal, a través de una conferencia de prensa, su secretario de Hacienda, decida qué recortes sin siquiera informar a las y los diputados de la media que van a tomar.
Detalló que desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se hacen recortes a áreas sustantivas como a la salud y el campo sin importar las consecuencias que puedan tener particularmente para la población más pobre de las ciudades y del campo.
Por ello consideró necesario que este asunto de recortar el presupuesto, aún con argumentos válidos, no se decida y se anuncie en una conferencia de prensa: “Esto en el Congreso no lo debemos permitir. Debemos hacer algo para detener estas acciones que representan una falta de respeto, al menos, del poder Ejecutivo al Legislativo.
“Es entendible –siguió–, que las circunstancias económicas en el mundo, determinen de ajustes internos en el país. Sí, pero no es posible que desde la Secretaría de Hacienda se tomen decisiones, sin un previo informe a la Cámara de Diputados y se debata en el seno de este cuerpo legislativo donde el Ejecutivo fundamente su decisión con información y sustento”.
En febrero pasado, el primer recorte fue de 3 mil millones, afectando a los siguientes programas de fomento a la producción agropecuaria: Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, se le recortaron mil 500 millones de pesos; al Programa de Fomento a la Agricultura, 650 millones; a Fomento Ganadero, 400 millones; a Productividad Rural 200 millones y al programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 250 millones.
El segundo y más reciente, sumó 4,205: El programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados, entre gasto corriente y gastos indirectos se contempla recortarle 441.5 millones; al de Fomento a la Actividad Pesquera y Acuícola, 100 millones; al Programa de Productividad Rural, 565 millones; el Programa de Apoyo a Pequeños Productores 120 millones; a Fomento Ganadero 800 millones; a Productividad y Competitividad Agroalimentaria, 350 millones; a Fomento a la Agricultura, mil 500 millones; al programa de Concurrencia con Entidades Federativas, 178.5 millones; y al Programa de Sanidades, 150millones de pesos.