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CIUDAD DE MÉXICO, 23 de abril de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a sus pares, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) pertenecientes a la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) a llevar a cabo acciones sustantivas y contundentes en favor del reconocimiento de los derechos de los colectivos LGBTTTI en la región, ante el hostigamiento, persecución, discriminación, exclusión laboral y violencia que enfrentan sus integrantes.
De acuerdo con un comunicado, al participar en el grupo temático correspondiente, en el marco del XXII Congreso de la FIO, la CNDH formuló diversas consideraciones y destacó los avances legislativos logrados en los últimos años en México, especialmente relacionados con el derecho a la no discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género, el matrimonio igualitario, que posibilita que se celebre entre personas del mismo sexo en 12 estados por reforma legislativa y en tres por sentencia de la SCJN tras promover la CNDH sendas acciones de inconstitucionalidad, que es el caso de Jalisco y Chiapas y Puebla.
Asimismo destacó el reconocimiento de las identidades de género de las personas travestis, transexuales y transgénero (TTT) en las actas de nacimiento y documentos de identidad, con el fin de acceder a servicios públicos y privados por las reformas llevadas a cabo en la Ciudad de México, Michoacán y Nayarit, para posibilitar el trámite de corrección del acta de nacimiento para la concordancia de la identidad sexo genérica.
Puso en relieve tres documentos que son el resultado de los trabajos de las Instituciones de Derechos Humanos integrantes de la FIO desarrollados en dos eventos en Costa Rica y Guatemala, en mayo y julio del 2017, respectivamente, que tenían como objetivo fortalecer la promoción y defensa de los derechos fundamentales de las personas del LGBTTTI de forma integral, contribuyendo a la reducción del estigma y la discriminación, así como desarrollar capacidades, generar conocimientos y propiciar reflexiones sobre el trabajo de las oficinas de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la promoción, defensa y respeto de los derechos del colectivo LGBTTTI a través de un intercambio dinámico y participativo.
En estos trabajos participaron los organismos nacionales de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras y México; la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, la Procuraduría de Derechos Humanos de Río de Janeiro, Brasil y la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se contó con la participación de Mariel Ortega, de la Relatoría LGBTI de la Organización de Estados Americanos (OEA). Todo ello en alianza estratégica con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés), la Cooperación Alemana a través de PROFIO-GIZ y el Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo de Holanda (HIVOS).
Los documentos resultantes son los siguientes: el primero es El papel del Ombudsman en la defensa de los derechos del colectivo LGBTTTI y el desarrollo de buenas prácticas defensoriales, al tiempo que subrayó la importancia de que la FIO desarrolle un modelo de atención específico al respecto, y destacó los avances trascendentes en la región iberoamericana en favor de esas poblaciones, en las últimas décadas del siglo pasado y las primeras del presente.
Con el segundo documento, denominado Modelo de lineamientos para la atención especializada a favor de las personas LGTBTTTI, por parte de las instituciones de derechos humanos, se busca establecer criterios técnicos que sirvan de apoyo y orientación a todo el personal que labora en instituciones de derechos humanos para proporcionar atención libre de estigma y discriminación a esa comunidad.
Finalmente, el tercer documento es una Declaración, en la que se invitó a los organismos integrantes de la FIO a suscribirla, cuyo contenido refiere al mandato ético y constitucional de promover y garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales y la legislación nacional; evidenciar la discriminación estructural que opera en las sociedades, naturalizando y aceptando conductas de violencia y exclusión, entre otros.
En esa declaración se propuso la conformación de un grupo de trabajo en favor de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI, con el fin de elaborar estrategias, compartir e impulsar buenas prácticas para la protección, promoción y defensa de sus derechos fundamentales.