Llama CNDH a reconstruir tejido social y condiciones para vida digna

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subrayó que, a pesar de los tiempos difíciles que vive nuestro país, debe mantenerse la convicción de que de todos depende reconstruir el tejido social y generar una sociedad solidaria y pacífica, así como las condiciones propicias para que niñas, niños y adolescentes tengan garantizada una vida digna.

Expresó que eienen derecho a vivir en un México que les ofrezca las mejores condiciones de bienestar posibles, donde se cumplan sus derechos sociales de manera igualitaria sin importar su lugar de origen; de formarse libres de todo tipo de violencia, en un sistema educativo que les permita desarrollar sus capacidades y habilidades para tomar decisiones libres y manifestar sus ideas, pensamientos y sentimientos en cualquier ámbito; un país donde sus opiniones sean escuchadas y valoradas por las personas adultas, y además marquen la agenda pública nacional.

Para la CNDH, en la construcción de un verdadero Estado Democrático de Derecho no se deben escatimar el ingenio y las herramientas disponibles para innovar, transformar y crear los mecanismos que den efecto útil a la protección de niñas, niños y adolescentes y sus derechos, y por ello hay que desterrar prácticas arraigadas y creencias sociales que minusvaloran a la niñez y niegan su carácter de sujetos de derechos.

Demandó consolidar los Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna); que las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes den respuesta inmediata ante casos de riesgo o daño a su integridad, seguridad o dignidad, y que se convoque a sesión al Sipinna nacional, que no se ha reunido desde el pasado 21 de diciembre, para dar continuidad y seguimiento a los acuerdos de reuniones anteriores.

Así lo dio a conocer el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en el Encuentro Nacional de Sistemas de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: Presente y Futuro de sus Derechos, en el cual llamó al próximo Gobierno a tener presente que hacer realidad los derechos de niñas, niños y adolescentes requerirá de su mayor compromiso, pues ni la mejor política pública ni el marco jurídico de mayor vanguardia en materia de derechos de ese grupo poblacional serán suficientes para garantizar su cumplimiento y ejercicio si todas las autoridades de protección y defensa no cuentan con las condiciones y herramientas mínimas indispensables para proporcionarles atención profesional, respetuosa, de calidad y adecuada a sus necesidades particulares.

Pidió a las autoridades tomar con seriedad los datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, entre cuyos resultados se advierte que el 22.5 por ciento de niñas y niños entre 9 y 11 años, y 36 por ciento de adolescentes entre 12 y 17 años, consideran que en México sus derechos se respetan poco o nada; casi 40 por ciento de personas adultas encuestadas manifestó su rechazo a la convivencia con personas adolescentes y jóvenes en el ámbito privado; 63 por ciento de hombres y 58 por ciento de mujeres estimaron que la mayoría de las y los jóvenes son irresponsables, y 39.8 por ciento consideró justificado llamar a la policía cuando hay personas jóvenes reunidas en las calles.

Agregó que debe mejorarse en los niveles municipales y estatales la cobertura, calidad, recursos y articulación de los servicios de primer contacto y de seguimiento; las personas servidoras públicas deben ajustar su labor a los principios éticos y a los estándares constitucionales, convencionales y legales; hay que implementar controles efectivos y procedimientos sancionadores en caso de incurrir en faltas u omisiones, así como realizar los cambios necesarios en la organización y operación institucional para eliminar de raíz la indiferencia y simulación que a veces, indebidamente, se muestra en el trabajo con niñas, niños y adolescentes.

Llamó a los Ombudsperson del país a acompañar a las autoridades en los procedimientos de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, interviniendo cuando haya negativa u omisión de ejecutar alguna actividad que les corresponda conforme a su competencia; emitir medidas cautelares para impedir violaciones a sus derechos, y asegurar que en trámites y toma de decisiones se privilegie su interés superior, autonomía progresiva y sea escuchada y tomada en cuenta su opinión.