CIUDAD DE MÉXICO, 7 de noviembre de 2019.- Al presentar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2019 (DNSP), el ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, afirmó que México no podrá superar la situación que enfrente en materia de seguridad y justicia si no revisa y atiende los problemas que enfrenta el sistema penitenciario.

Ya que los centros de internamiento pueden ser focos o factores que propicien inseguridad, violencia, corrupción e impunidad, de ahí que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha dado especial atención a lograr una efectiva reinserción social de quien ha estado privado de la libertad y destacado la necesidad de que se diseñen y desarrollen políticas públicas que promueven la justicia restaurativa.

Señaló que el DNSP 2019 refleja las Certificaciones en el Estándar de Competencia sobre la Promoción de la Aplicación de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento del Delincuente Reglas Mandela, obtenidas por personal penitenciario de Sonora, Querétaro, Coahuila, Zacatecas, Oaxaca y Ciudad de México.

Lo cual permitió que en el Sistema Estatal que en 2015 tenía calificación de 6.21, para este año logró 6.75; el Sistema Federal, incluyendo prisiones militares, subió de 7.64 a 8.12, con lo cual la Calificación Nacional pasó en dicho periodo de 6.92 a 7.43.

Explicó que a esa mejora contribuyeron el Programa de Petición de Atención Inmediata, la emisión de cinco Recomendaciones Generales, seis Informes Especiales y 11 Pronunciamientos Penitenciarios, uno de los cuales se refiere a la regularización de casi 90 cárceles municipales que funcionaban de manera irregular, albergando a personas procesadas y sentenciadas.

Además se fortalecieron bibliotecas y el 100 por ciento del personal penitenciario de diversas entidades federativas concluyó satisfactoriamente los cursos en línea EDUCA-CNDH, y tras mencionar que se ha dado especial atención a las mujeres en reclusión y a sus hijas e hijos que viven con ellas, dijo que se visibilizó esta condición y se emitieron Informes Especiales y Recomendaciones al respecto, lo que dio como resultado la disminución de centros mixtos y apertura de centros femeniles para albergar solo a mujeres y a sus hijas e hijos en mejores condiciones.

Reveló que el DNSP se ha convertido en una herramienta que permite medir e identificar deficiencias, áreas de oportunidad y logros mediante la evaluación del Sistema Penitenciario Nacional al presentar las condiciones de internamiento de las personas recluidas y que sean acordes con el respeto a sus derechos fundamentales, y precisó que supervisar tales establecimientos requiere las suma de esfuerzos de los 32 Organismos Públicos de Derechos Humanos para realizar visitas de supervisión, que este año abarcaron a 203 centros, lo que significa el 94% de la población recluida en el país. Dijo que la muestra global, que comprende Ceresos, Ceferesos y Prisiones Militares abarcó 186,149 personas.

De acuerdo con el DNSP 2019, las deficiencias con mayor incidencia detectadas en centros estatales fueron: autogobierno/cogobierno (33.33 por ciento), falta de prevención y atención de incidentes violentos (48 por ciento), cobros indebidos (40 por ciento), sobrepoblación (33.33 por ciento), insuficiencia de personal (72.68 por ciento), insuficiencia de actividades laborales y de capacitación (66.84 por ciento), deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios (62.84 por ciento), deficiente separación entre procesados y sentenciados (55.19 por ciento), insuficiencia de programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria (51.91 por ciento), presencia de actividades ilícitas (40.44 por ciento), deficiencia en los servicios de salud (32.79 por ciento).

En los centros federales se observó en 16 de 17 establecimientos insuficiencia de personal, deficiencias en servicios de salud, falta de personal y de medicamentos, y en 13 se detectaron deficiente atención a personas mayores, insuficiencia de actividades laborales, de capacitación, educativas y deportivas, y falta de programas de prevención de adicciones, mientras que en las prisiones militares se observó falta de actividades laborales y de capacitación falta de separación entre procesados y sentenciados e insuficientes vías de remisión de quejas.

Al hablar sobre la metodología para elaborar el Diagnóstico, la Tercera Visitadora General de la CNDH, Ruth Villanueva Castilleja, dio a conocer que los estados de Querétaro, Tlaxcala, Coahuila y Guanajuato obtuvieron calificación mayor a ocho, en tanto que 25 entidades federativas obtuvieron calificación entre seis y ocho, y para los estados de Veracruz, Guerrero y Tamaulipas su calificación fue menor a seis.

Reveló que los centros estatales con mayor promedio fueron Centro de Reinserción Social Femenil de San José El Alto, de Querétaro, 8.54; Centro Penitenciario Femenil Saltillo, de Coahuila, 8.49; Centro Estatal de Reinserción Social de Valle de Santiago, Guanajuato, 8.47; Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados 1 Chiapa de Corzo, Chiapas, 8.38, y Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, de Ciudad de México, 8.36.

Los centros federales con mayor evaluación son: Cefereso 12, Guanajuato, 8.23; Cefereso número 8, Sinaloa, 8.16; Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, 8.05; Cefereso número 13, Oaxaca, 7.97, y Cefereso 15, Chiapas, 7.89.

Las instituciones estatales con menor promedio son: Centro de Reinserción Social de Tecamachalco, Puebla, 4.73; Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, 4.91; Centro de Reinserción Social de Zacatlán, Puebla, 4.94; Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 7 Huixtla, Chiapas, 4.99, y Centro de Reinserción Social de Zihuatanejo, Guerrero, 5.02.

Los centros federales con menor promedio son: Cefereso número 14, Durango, 6.37; Cefereso número 5, Veracruz, 6.54; Cefereso 1, Estado de México, 6.67; Cefereso número 2, Jalisco, 6.81, y Cefereso número 17, Michoacán, 7.36.

El DNSP 2019 visibiliza las condiciones de reclusión, las necesidades existentes en los centros penitenciarios, las carencias y las posibilidades de fortalecer un sistema de respeto por los derechos humanos permanente, donde la privación de la libertad se humanice y permita la prevención del delito y la reinserción social efectiva del sentenciado, todo ello bajo el entendido del reto que esto significa, per conscientes de la responsabilidad del compromiso, reiterándolo como herramienta que identifica y señala la problemática sobre la cual deben dirigirse las acciones que permitan la optimización del sistema penitenciario.