Denuncia oposición que Morena legisla por medio de fe de erratas
CIUDAD DE MÉXICO, 6 de septiembre de 2016.- El diputado del Grupo Parlamentario del PRD e integrante del Caucus Anticorrupción, Rafael Hernández, urgió en la necesidad de que, a la par de la revisión de transparencia y fiscalización en el gasto público se modifique la inercia en el exceso de atribuciones que ejerce el poder Ejecutivo en materia presupuestaria, la cual no siempre atiende al interés nacional, informó el Grupo Parlamentario del PRD en un comunicado.
En el marco del Foro El poder legislativo y su rol frente al proceso presupuestario, el legislador perredista reconoció el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que ayer presentaron las recomendaciones sobre el Paquete Económico que está por discutirse.
Aseguró que su trabajo ha “evidenciando los gastos ilegales y tratos no siempre lícitos que hay entre diferentes dependencias y particulares”.
Por ello, dijo, es necesario “avanzar en la institucionalización de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la discusión del presupuesto”.
Hernández Soriano reconoció que la forma actual en que se integra el presupuesto es muy atomizada debido a que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la encargada de recibir las propuestas de cada dependencia y que la Ley de Presupuesto Federal de Egresos (PEF) es un instrumento casi inamovible, con un reducido margen de discusión.
Destacó que a esto se suma que en la Cámara de Diputados –que tiene las facultades de aprobar y discutir el presupuesto– es menor la posibilidad de operación debido a que el partido del presidente (el PRI) y sus aliados son mayoría, y la oposición no tiene los votos necesarios para doblegar esa opinión.
Estimó que pese a que sí hay reasignación de recursos, que son redireccionados a políticas públicas o de infraestructura, todo depende de los intereses y las propuestas de cada grupo parlamentario.
El también integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción consideró que el PEF 2016, conocido como Base Cero se presentó como una panacea para modificar la inercia del control del Ejecutivo.
“No cumplió su objetivo. Se vendió como solución para poner un techo a la deuda, hacer eficiente al gasto público, impulsar el crecimiento del Producto Interno Bruto. En términos de ingresos, egresos y política macroeconómica, variables que son fundamentales para el país, no se modificaron con este ejercicio”, manifestó.
Por ello urgió en la necesidad de revisar todas las etapas en la integración del presupuesto, desde los ingresos hasta la supervisión del gasto de los recursos. Para ejemplificar que la forma en que actualmente se ejerce el presupuesto hizo énfasis en el caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, la obra más importante del sexenio.
“Esta obra no aparece en el Programa Nacional de Infraestructura 2012–2018, para empezar. Se presenta el 3 de septiembre de 2014 como la gran obra que se terminaría en 2018 y tiene un presupuesto importante: 169 mil millones de pesos, 13 mil millones de dólares. Por su monto, ustedes, podemos dimensionar la importancia que le dio el Gobierno Federal”, expresó.
No obstante, señaló, unos meses después el gobierno anunció que sería hasta 2020 que concluirían las obras y que, debido a la paridad peso-dólar, el presupuesto llegaría a los 180 mil millones de pesos.
“Prácticamente en el legislativo sobre ese tema somos observadores”, aseguró y llamó a que a través de mesas de análisis y discusión se logre estipular cómo debería de funcionar el presupuesto y, al mismo tiempo, dignificar el papel del Legislativo en la toma de estas decisiones.
Concluyó que es necesario que el Legislativo sea un contrapeso en las diferentes etapas del presupuesto para que se logre eficientar el gasto público. Entre las propuestas de la sociedad civil, destacó, está la creación de un órgano especializado de carácter bicameral que se encargara de dotar a las Cámaras y a los diferentes órganos de gobierno de información fiscal, que permitan conocer los pronósticos de la economía global y la economía nacional para no depender del Banco de México o de Hacienda.