Llama PRI a evitar una narcodictadura terrorista y comunista en México

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de enero de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que en México no puede permitirse la destrucción de la democracia, como ocurrió en Venezuela.

Agregó que en ese país, el régimen de Nicolás Maduro se apropió de los órganos electorales y secuestró el Poder Judicial, por lo que anticipó que votará en contra de la reforma electoral de Morena en el Congreso.

Asimismo, anunció que denunciará ante instancias internacionales la intención de consolidar una dictadura narcoterrorista y comunista.

Una regresión

Recordó la ruta seguida por el gobierno de Nicolás Maduro, un delincuente internacional y narcodictador, para perpetuarse en el poder, por lo que consideró que en 2026 la principal amenaza para el régimen democrático en México será la reforma electoral que se impulsa desde la Presidencia, ya que representa una regresión de por lo menos 50 años en materia democrática.

El PRI advirtió que no será cómplice de cambios que debiliten el sistema democrático del país y ratificó que los legisladores priistas están listos para votar en contra en el momento en que la iniciativa sea llevada al pleno en la Cámara de Diputados y el Senado de la República.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor informó que continuará denunciando a nivel nacional e internacional la destrucción del régimen democrático de México, a fin de Morena se perpetúe en el poder.

El partido señaló que, como lo hizo el régimen de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura narcoterrorista y comunista, en México Morena se ha apropiado del Poder Judicial y, ahora, por medio de una discusión tramposa, pretende llevar a cabo de manera unilateral una reforma electoral que, más que modernizar su sistema democrático, amenaza con erosionar sus fundamentos más esenciales.

El CEN del PRI expuso que detrás de discursos falsos sobre eficiencia y austeridad, surge una realidad inquietante: quienes impulsan esta reforma lo hacen en lo oscurito, guiados por intereses mezquinos y ambiciones de poder y no por un compromiso genuino con la pluralidad y la representación ciudadana.

La dirigencia nacional sostuvo que uno de los puntos más controversiales de la reforma está en la intención de eliminar mecanismos que garantizan la pluralidad en el Congreso.

Explicó que la representación proporcional, a través de diputaciones y senadurías plurinominales, fue concebida como un contrapeso necesario que permite a diversas corrientes políticas acceder al espacio legislativo más allá de la aritmética de distritos uninominales.

Por ello, argumentó que su desaparición o debilitamiento castigaría a las minorías, abriendo la puerta a un poder legislativo homogéneo, con menos voces disidentes y, por ende, con menos controles para evitar y corregir el abuso del poder.