Llaman diputados del PRD a analizar iniciativas sobre leyes ambientales

CIUDAD DE MÉXICO., 2 de diciembre de 2016.- El pasado 25 de octubre las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Natrales y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores recibieron la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad (LGB); se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), y se deroga la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).

La iniciativa, según un comunicado del Grupo Parlamentario del PRD, tiene la finalidad, entre otras consideraciones, de derogar la LGVS y modificar la LGEEPA en virtud, de que, señala la propia iniciativa, “actualmente el marco jurídico relativo a biodiversidad se encuentra disperso”, además, pretende dar cumplimiento a los Protocolos de Cartagena y Nagoya en materia de biodiversidad.

No obstante, algunos especialistas han argumentado que para dar cumplimiento a dichos protocolos no es necesario establecer una ley general, sino, aplicar a cabalidad el marco jurídico vigente y revisar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM).

La iniciativa recibida por las Comisiones Unidas, argumenta que: “para lograr una efectiva conservación de la biodiversidad es indispensable la actividad legislativa que provea un marco jurídico e institucional adecuado para que la correcta implementación de políticas públicas y protección jurídica a favor de la biodiversidad” (sic), pero a su vez, introduce en esta nueva ley algunas de las disposiciones existentes actualmente, sin explicar de fondo cuáles son sus nuevos alcances.

En este sentido, citó el comunicado,  es necesario hacer una revisión a fondo de la iniciativa presentada para conocer su alcance en relación con la LGEEPA y la LGVS e identificar si existen cambios sustantivos a la legislación vigente que justifiquen la propuesta de derogar la LGVS; así como incluir una revisión sistemática de la LBOGM.

De igual forma, la iniciativa incorpora diferentes propósitos, quizá el de mayor trascendencia, es el relacionado con la COP 13 sobre el Convenio de la Diversidad Biológica a celebrarse en Cancún, México, ya que en aras de solventar la falta de avance en la transversalidad del tema de la biodiversidad se propone que con esta ley general se cumpla con el propósito.

En relación a derogar la LGVS, implícitamente se está proponiendo eliminar la actual Dirección General de Vida Silvestre (DGVS) y, en consecuencia, la modificación del estatuto legal de la SEMARNAT, omitiendo la necesidad de otras decisiones legislativas relacionadas con las atribuciones de la Secretaría para otorgarlas a una Comisión Intersecretarial (CONABIO) sin las mismas responsabilidades (sin personalidad jurídica) y la modificación tanto del Reglamento Interno de la Secretaría como de su estructura, sin señalar, tampoco, ninguna obligación específica derivada de la Ley de Transparencia para la Conabio.

Lo anterior implica modificar incluso la Ley de la Administración Pública Federal, crear una nueva entidad pública que demandará presupuesto e infraestructura propios (hoy el presupuesto de Conabio se integra por participaciones de SAGARPA, SSA Y SEMARNAT). Este asunto merece importancia nodal, ya que el panorama presupuestal del país, en lo que va de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, ha impedido la aprobación de diversas iniciativas de los Grupos Parlamentarios que integran el cuerpo legislativo, en virtud de que presuponen un impacto presupuestario, razón similar que ocurre con la iniciativa propuesta.

El presupuesto de la Conabio aprobado en 2017, considera recortes presupuestales importantes, mismos que le imposibilitaran cumplir con las “nuevas facultades”.

En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta la participación de organizaciones de la sociedad civil, sin embargo, no se proporciona la fuente, las entrevistas o el material documental, estudios o resultados de dicha participación y trabajo, por lo que es necesario sea justificado. En tiempo, la propia sociedad civil, universidades de prestigio del país, académicos y personas distinguidas [1] han señalado que, “existe una preocupación de que la iniciativa que reciben las Comisiones Unidas, sea aprobada sin las consultas necesarias y se convierta, tal y como lo señala la propia iniciativa, en ley vigente para la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes del Convenio de la Diversidad Biológica (COP 13).”

El sector organizado, considera necesario abrir un proceso amplio, plural e incluyente de análisis sobre la iniciativa, como se ha hecho con toda la legislación ambiental nacional. En su momento, esto ocurrió con la Ley General de Cambio Climático, el proceso de deliberación, duro más de dos años, lo mismo ocurrió con la LGVS.

Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD resuelve lo siguiente: 

La iniciativa debe ser revisada, analizada y discutida con la participación de la sociedad civil, académicos, universidades, senadoras y senadores, diputadas y diputados, representantes de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF), entre otros actores, para que de forma plural e incluyente, se propongan las adecuaciones necesarias o sea desechada en virtud de que las actuales disposiciones en materia de biodiversidad cumplen con su propósito y, en su caso, se adecuen a la realidad nacional e internacional con la posible revisión de la LGEEPA, la LGVS y la LBOGM para dar cumplimiento con los protocolos de Cartagena y Nagoya.

El Grupo Parlamentario del PRD considera que la iniciativa requiere de un análisis más arduo, así como el establecimiento de una mesa de trabajo para revisar la iniciativa y que se dé cumplimiento de forma cabal y puntual a los protocolos internacionales que México ha suscrito en materia de biodiversidad. No obstante reconocemos el esfuerzo de la iniciativa presentada y asumimos un compromiso para trabajar y construir los concesos necesarios a fin de dotar al país del marco jurídico que requiere en la materia.