Los juzgados deben respetar derechos humanos y otros preceptos jurídicos

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre (Quadratín México).- Los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación, señaló la SCJN.

Así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al emitir la tesis jurisprudencial 107/2012, referente al principio pro persona y el criterio de selección de la Norma de Derecho Fundamental Aplicable.

En dicha tesis se establece que de conformidad con el texto vigente del Artículo 1 constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 10 de junio de 2011, en materia de derechos fundamentales el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes básicas.

Esos pilares, planteó la Primera Sala, son los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

De esta forma, estableció que, “consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano”.

Sin embargo, explicó, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico la elección de la norma que será aplicable en materia de derechos humanos atenderá a criterios que favorezcan al individuo o lo que se ha denominado principio pro persona.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 1 constitucional, donde se establece que deberá prevalecer aquella norma que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción.

En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

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