En lugar de proteger a víctimas, CEAV las revictimiza: PRD

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de agosto de 2016.- Otro ejemplo de institución ineficiente en la defensa de los Derechos Humanos de los mexicanos es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que parece traicionar a quienes debería proteger, denunciaron diputados del GPPRD, que así lo informó a través de un comunicado.

Omar Ortega Álvarez, Julio Saldaña Morán y Fernando Rubio Quiroz refirieron que dicho organismo ha sido denunciado en diversos foros y medios de comunicación por quienes le solicitan el apoyo que, por ley y con recursos de la nación, está obligado a proporcionar, pero que en los hechos niega.

Por ejemplo, durante la audiencia pública para evaluar la aplicación de la Ley General de Víctimas realizada en el Senado durante diciembre de 2015 se informó que sólo atendió a 89 de cinco mil 841 denuncias.

Además, únicamente había destinado 33 millones de los mil 28 millones de pesos que tenía disponibles ese año para apoyo inmediato, compensación y reparación del daño. El resto –casi mil millones de pesos- los colocó en inversiones bancarias que le redituaron 24.5 millones de pesos.

“Tan sólo estas cifras –dijeron los legisladores perredistas en una propuesta de punto de acuerdo a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión– muestran con cuánta ineficiencia trata la CEAV a las víctimas”.

Aún más, cuando la Comisión otorga apoyo es con sesgo faccioso y político, ejemplo de lo cual son los familiares de Julio César Mondragón –normalista de Ayotzinapa asesinado en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero–, a quienes presionó para aceptar dinero como prueba del supuesto cumplimiento de su derecho a la reparación de daño.

En casos no tan visibles como éste simple y sencillamente se niega orientación y asesoría en los hechos, como a los señores Gerson Quevedo Camarillo y Marisela Orozco Montalvo, originarios de Medellín, Veracruz, por la muerte de sus dos hijos, a los que se pidió presentar su caso por WhatsApp y luego se les ignoró.

El incumplimiento de la CEAV es tal que aun cuando tiene la atribución y obligación de coordinarse con sus homólogas estatales para crear el Registro Nacional de Víctimas, no lo ha hecho y el único indicador cercano al respecto es el elaborado por el INEGI con base en informes de agencias del Ministerio Público y el Registro Civil sobre muertes violentas, como los 121 mil 683 de 2014.

De acuerdo con la Ley General de Víctimas, para ser beneficiario de apoyo se debe estar inscrito en este Registro. Es decir, como no existe el Registro, se desconoce el número real de personas a quienes se les pueda reparar el daño.

Tampoco se tienen los criterios ni el personal capacitado para determinar porcentaje de indemnización de acuerdo al daño material y emocional, no se incluyen –como debiera- a víctimas de trata de personas y violencia familiar, no se consideran las reformas al Sistema de Justicia Penal y, en suma, a mitad de 2016 se desconoce sobre cuáles bases se le asignará presupuesto en 2017.

Pero en lugar de hacer el Registro, la CEAV trata de ocultar su ineficacia, sustrayéndose a la Rendición de Cuentas y la Transparencia, como cuando solicitó y obtuvo de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria la exención de presentar los Indicadores de Resultados 2014. Como resultado, no ha sido evaluada ni fiscalizada.

Además, se desconoce qué pasó con el Programa de atención Integral a Familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas.

En el punto de acuerdo propuesto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los diputados perredistas plantearon, por tanto, que se requiera a la CEAV ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a fin de que informe para qué sirve y desglose a cuántas víctimas ha atendido, quiénes son, con cuánto las apoyó, en qué medida se reparó el daño y qué seguimiento les da.

Además, plantearon que la Auditoría Superior de la Federación revise sus cuentas en 2017 y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos le haga una Recomendación para que cumpla con su trabajo y mejore su gestión y uso de recursos con transparencia y rendición de cuentas.