Reforma judicial deja sin protección a periodistas: Jan Albert Hootsen
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis., 3 de noviembre de 2017.-Un poco más de 250 indígenas tzotziles que huyeron del ejido Puebla para evitar morir en manos de grupos paramilitares que controlan caciques de esa región, ahora enfrentan el fantasma del hambre, frío y sed, luego de que el gobierno de Manuel Velasco Coello ordenó la suspensión de alimentos y medicinas.
En un improvisado campamento, de escasos 400 metros cuadrados y con el apoyo del Centro de Derechos Humanos Ku’untik, los tzotziles sobreviven hacinados en pequeños cuartos de madera y sin esperanza de que Velasco Coello ordene la investigación del homicidio de Guadalupe Cruz Hernández, quien perdió la vida de tres impactos de arma de alto poder, el 26 de mayo de 2016 por pugnas pos electorales.
En tanto que María López Santiz y David Cruz López sólo resultaron heridos, así como el retornar a corto o mediano plazo a su comunidad que abandonaron bajo la pálida luz de la luna, al ser atacados por paramilitares presuntamente al servicio de Rosa Pérez Pérez, alcaldesa priista.
Para el representante del Centro de Derechos Humanos Ku’ untik, Julio César Pérez Ruiz, el desplazamiento forzado interno es un tema internacional que el gobierno de Chiapas no ha atendido, aunque el secretario General de Gobierno, Juan Gómez Aranda haya firmado minuta. “Todo quedo en papeles”, asegura visiblemente preocupado, al tiempo de confirmar la existencia de paramilitares.
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