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CIUDAD DE MÉXICO, 13 de diciembre de 2016.- Como cada fin de periodo, los diputados buscan “sacar” adelante todos los temas pendientes y este martes, a contra reloj y en el penúltimo día del periodo ordinario de sesiones que termina el próximo 15 de diciembre, legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Justicia en la Cámara de Diputados, aprobaron con cambios la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, e Inhumanos o Degradantes.
En sesión maratónica que inició desde las 9 horas de este martes y terminó cerca de las 8 de la noche, también se abordaron los temas referentes a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos; y la Ley Reglamentaria del artículo 29 referente a la suspensión de garantías, mismas que se aprobaron sin ningún cambio.
Respecto a la Ley contra la tortura que fue avalado por 33 votos a favor del PRI, PAN, PVEM, Nueva Alianza y diputado independiente Manuel Clouthier, siete en contra del PRD y tres abstenciones de Morena, tiene como objetivo crear un ordenamiento jurídico para establecer que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán promover, respetar, proteger y garantizar en todo momento el derecho de toda persona a que se respete su integridad personal.
También deben protegerla contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas o denigrantes.
Las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Justicia en San Lázaro aprobaron con ajustes a 15 artículos la minuta que envió el Senado en materia de combate a la tortura, entre los que destaca que un funcionario público acusado por este delito, no será destituido a menos que existan pruebas en su contra.
Al respecto, en entrevista al término de la reunión de la Comisión de Derechos Humanos, su presidente el priista Armando Luna Canales, aseguró que en este tema no se protege al funcionario, sino al contrario, se defiende sus derechos constitucionales y la presunción de inocencia.
“Se está protegiendo los propios principios que propone la Constitución, existe la posibilidad de que si existen elementos para sancionarlo, se haga, lo que se está modificando es que por la mera denuncia no se separare a alguien de su trabajo, creo que la presunción de inocencia también tiene que guiar el trabajo de todos nosotros y creo que la redacción que se hizo lo que está haciendo es que el servidor público señalado por tortura jamás pueda intervenir dentro del proceso, y si la autoridad encuentra elementos objetivos procederá a destituirlo o poner medidas cautelares”, explicó.
Luna Canales indicó que los cambios efectuados a la minuta del Senado fueron propuestos por la propia Comisión de Derechos Humanos, y aseguró que son modificaciones justificadas, con elementos objetivos, y confió en que el Senado los ratificará. Indicó que la mayoría de éstas tienen que ver con temas “prácticos”, y señaló que incluso en algunas coincidieron diputados del PAN y del PRI quienes harán a través de una reserva, una adecuación, dijo, que tiene que ver con el Comité Técnico.
“Son temas prácticos, tienen que ver con presupuesto, tiene que ver con que hay instituciones que si bien pueden ser adecuadas en el tema de tortura, al ponerlos en el Código de Procedimientos Penales se están afectando todos los delitos del ámbito federal”, apuntó.
En lo que se refiere a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, las comisiones unidas aprobaron el dictamen sin cambios de la minuta del Senado para establecer los tipos penales en materia de trata de personas, así como sus sanciones y circunstancias agravantes.
El documento fue avalado por 37 votos a favor PRI, PAN, PVEM, NA y MC, uno en contra del diputado independiente Manuel Clouthier, y nueve abstenciones de PRD y Morena.
Esta Ley tiene la finalidad de tutelar los derechos inherentes a la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, así como distribuir competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas. También se establecen criterios rectores en materia de prevención, atención, investigación, procesamiento y sanción para la protección integral de los derechos humanos de las víctimas.
Finalmente Luna Canales dijo desconocer si los tres dictámenes aprobados este martes serán subidos al Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión de este miércoles 14 de diciembre, misma que se prevé larga debido a que también se dejó pendiente la discusión y probable aprobación de la Ley General de Víctimas que sería discutida este martes pero que se pospuso.