Mariana no merecía morir

MÉXICO, DF., 27 de mayo de 2014.- Mariana llevaba año y medio viviendo un caso de violencia en su matrimonio. Un día, en casa de Irinea, su madre, confesó la decisión de separarse. Salió a las 12 y media para ir por sus cosas. Jamás se le volvió a ver con vida.

“Señora, Mariana se colgó”, escuchó Irinea Buendía Cortés de la voz de su yerno Julio César Hernández Ballinas, de 47 años, en una llamada la mañana del 29 de junio de 2010. “No te creo”, le negó, pero volvió a hablar y resultó cierto, Mariana Lima Buendía, de 29 años, estaba muerta.

Irinea colgó el teléfono y enseguida le habló a una de sus hijas y junto con su otro yerno acudieron en taxi a la casa donde se encontraba el cuerpo de Mariana, en Chimalhuacán, Estado de México.

Al llegar a la casa, a las 8:10 de la mañana, ésta estaba abierta. Entraron y al subir, las puertas de las habitaciones estaban de par en par, entonces vieron a Mariana: no estaba colgada ni sentada, sino acostada en la cama en el interior de una pequeña habitación donde Irinea observó de un lado a otro hacia el techo y no se explicaba de dónde pudo haberse suspendido. Sus maletas estaban listas.

Julio César, el marido y quien dio la información, a pesar de que es policía judicial de ese mismo municipio, en ningún momento llamó a una patrulla para que resguardaran el lugar aunque conociera el código de procedimientos penales.

Las amenazas

Julio César varias veces advirtió a Mariana que la iba a meter a la cisterna porque ahí tenía a dos o tres “viejas” que no habían aprendido a tratarlo bien, como él se merecía. Muy seguro, se jactó que a él nadie le podía hacer nada por ser judicial del Estado de México. Incluso a Irinea le dijo personalmente que iba a matar a su hija.

Ya la había golpeado repetidas ocasiones.

El cadáver de Mariana, tendido sobre toallas húmedas, presentaba golpes, las palmas de sus manos arrugadas como si hubiera permanecido mucho tiempo dentro del agua.

Tiempo después llegaron las autoridades del Ministerio Público con Julio César y en 10 minutos hicieron las diligencias que se tenían que hacer, no acordonaron, ni embalaron nada, perdieron la evidencia, según lo dicho por el propio Julio César, señalado por Irinea como el asesino. Las autoridades no le dieron importancia a que el cuerpo fue movido de la escena, ni a los protocolos que existen en el código de procedimientos penales, “no nos tomaron en cuenta que estábamos ahí”, recuerda Irinea, con la tristeza dibujada en el rostro.

Asfixia por ahorcamiento, determinó el dictamen de la médico forense. Tras la incansable lucha por hacer justicia por su hija, Irinea, cual experta, refuta que carece de rigor científico debido a las irregularidades que cometieron, pues la forense no fue la que hizo la necropsia, ni los peritos en criminalística estuvieron presentes en el lugar. “Se basa en opiniones de ella”, dice indignada.

Cuando Julio César llegó a hacer la denuncia al Ministerio Público, se ostentó como comandante del grupo del Procurador, cargo que no existe.

El suicidio no es delito violento

“Denuncié el contexto de violencia que vivió mi hija, pero ni siquiera fue tomado en cuenta como antecedente. Señalaron que el suicidio no era un delito violento, pero… “Yo no me suicidé, tú ¡me mataste!”, dice el cartel con la foto de Mariana que Irinea muestra.

Han pasado casi cuatro años desde aquél día en que Mariana fue asesinada y lo único que Irinea pide es justicia para que el asesino de su hija pague por lo que hizo. Gracias a que el Observatorio Nacional por el Feminicidio le brindó apoyo, llegó a la organización de Católicas por el Derecho a Decidir, donde recibió asesoría legal y logró darle seguimiento a su caso.

“Otras instancias nos han ofrecido darnos una pensión a mi esposo y a mí pero nosotros no queremos dinero porque la vida de mi hija no tiene precio”. Irinea no tiene miedo de seguir alzando la voz, porque de lo contrario “tendría que sentarme a lamerme las heridas y a eso no estoy dispuesta”.

Enérgica la voz a pesar de su corta estatura, Irinea remata: “Me atrevo a denunciar y a alzar la voz no porque quiera hacerle el caldo gordo a las autoridades, ni al gobierno del Estado de México, sino porque saben de todos los feminicidios que hay y seguirán habiendo, pero no tienen voluntad política para resolverlos”.

Irinea no cesa en su lucha para ser escuchada desde la más alta hasta la más baja autoridad: el gobernador, el Ministerio Público, el Procurador, todos ellos “tienen la obligación de cumplir su función de hacer justicia”, porque Mariana no merecía morir.