Más de 380 demandas de juicio político sin atenderse: GPPRD

CIUDAD DE MÉXICO, 25 de agosto de 2016.- El diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, acusó la poca efectividad de la Subcomisión de Examen Previo, encargada de analizar y dar respuestas a las 388 solicitudes ciudadanas de juicios políticos que han sido interpuestas.

En conferencia de prensa, en el recinto legislativo de San Lázaro, Hernández Soriano aseguró que no se ha podido avanzar debido a que la presidencia de esta subcomisión, que preside el PRI, no ha sido llamada a sesionar.

«Duermen el sueño de los justos desde la 59 Legislatura, es decir, desde hace 15 años. Ya es digno de sospechar que el PRI no quiere atender estos asuntos políticos; y digo el PRI, porque esta subcomisión tiene dos presidencias y ambas las ocupa el Revolucionario Institucional: el presidente de la Comisión de Justicia, Álvaro Ibarra, y la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mercedes Guillén», detalló.

El perredista, quien también es secretario de la Subcomisión de Examen Previo, mencionó que entre las solicitudes de juicio político que se tienen, están funcionarios de todos los partidos, entre los que destacó, Enrique Peña Nieto, Javier Duarte de Ochoa, Andrés Manuel López Obrador, Patricio José Patrón, Mario Marín, Felipe Calderón, Jesús Murillo Karam, Miguel Ángel Mancera, Alejandro Encinas, Javier Lozano, Gabino Cué, Luis Videgaray, Emilio González Márquez, Andrés Granier, Emilio Álvarez Icasa, Marcelo Ebrard, Pablo Salazar Mendiguchía, Agustín Carstens y Juan Francisco Molinar Horcasitas, entre otros.

Reiteró que el PRI utiliza la mayoría que tiene en la Cámara de Diputados junto con el Partido Verde y Nueva Alianza, para encubrir a los personajes de su partido.

El perredista manifestó que se debe dar cumplimiento a la Ley Federal de Responsabilidades, donde se estipula que este tipo de denuncias se deben atender en plazos de entre seis meses y un año.

«Hay una opinión de algunos legisladores del PRI de que prescriben, porque la Ley Federal dice que los funcionarios públicos pueden ser enjuiciados solamente en el año posterior a que dejen el cargo.

«Lo que no prescribe es el derecho de la ciudadanía a saber la verdad jurídica”, manifestó y aseguró que su intención es incentivar a que los legisladores cumplan con su obligación legal.