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CIUDAD DE MÉXICO, 28 de marzo de 2018.- En la última ocasión en que el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, de dirigirse al presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de su informe anual de actividades, dio a conocer que desde que inició el sexenio en 2012, un millón 257 mil personas han acudido al organismo para solicitar su intervención o asesoría por considerarse agraviadas por algún abuso de poder.
En un balance de lo que son los derechos humanos en poco más de cinco años de la actual administración, el Ombudsman nacional afirmó que no es favorable, pues México no ha experimentado cambios significativos y objetivos hacia un mayor respeto de las garantías de sus ciudadanos.
Tampoco se ha mostrado fortalecer sustantivamente el Estado de derecho, ni se modificado el entorno que, cuando se inició el mandato del Presidente Peña Nieto, ya enfrentaban de manera cotidiana millones de mexicanas y mexicanos caracterizados por los binomios: inseguridad-violencia, impunidad-corrupción, desigualdad-pobreza.
“Las repercusiones que este entorno ha generado para México y su sociedad trascienden en afectaciones económicos de quienes han sufrido daños en su patrimonio o han tenido que realizar gastos adicionales para buscar por sí mismos, la protección y garantía que las autoridades no le pueden brindar”, expresó Luis Raúl González en su Informe Anual de Actividades 2017.
Ante el titular del Ejecutivo federal e integrantes del gabinete legal, dijo que el dolor que miles de personas que han sido privadas de la vida, lesionadas en hechos de violencia, desaparecidas, forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o víctimas de algún delito, “es algo que no se puede cuantificar o reparar”.
En una ceremonia llevada a cabo en el Salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos, el presidente de la CNDH afirmó que los saldos de dolor e impunidad no han disminuido en este periodo; “el miedo a los alcances de la violencia subsiste y ha generado desesperanza entre la sociedad, distanciamiento hacia las instituciones y desconfianza en las autoridades.
Con base a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, subrayó que en 2012 se registraron 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidio doloso, mientras que en 2017 dicha cifra habría ascendido a 25 mil 340. La más alta registrada en los últimos 20 años.
“Estos datos nos indican que el número real de personas privadas de la vida podría ser mayor”, aseveró al referir que la cifra de carpetas podría estar vinculada a más de una víctima con lo cual el panorama resultaría aún más grave.
Sin seguridad, señaló que jamás habrá una vigencia real de los derechos fundamental y a su vez, sin respeto, las medidas que se adopten no podrán ser aceptables y serán vistas como una imposición autoritaria.