Ni más ni menos/Joel Hernández Santiago

El pasado 9 de marzo, tres comunicadores del municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, en Oaxaca, presentaron denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien resulte responsable, por delitos de acoso en redes sociales y espionaje.

Los denunciantes son los periodistas Luisa Hernández, Claudia Ramos Díaz y Oswaldo Martínez Oropeza, aunque también es cierto que recibieron el apoyo público de por lo menos 30 medios de comunicación y de 50 reporteros de la localidad.

Ante esto, la autoridad deberá realizar las investigaciones que precisen y probar, o no, los señalamientos de los comunicadores, aunque la mirada de todos ellos, en la Cuenca del Papaloapan, se dirige hacia el gobierno municipal de Fernando Bautista Dávila, del Partido del Trabajo (PT), quien tomó posesión apenas el 1 de enero de este año, como también hacia su asesor Pablo Estrada Tenorio de quien se presume que está metido en estas actividades.

Todo comenzó cuando hace unos días se difundió en redes sociales un video-llamada, en una cuenta clonada, en donde se supone que la directora de Comunicación Social, Luisa Adriana Hernández Cunjama, hace críticas a la actuación de funcionarios municipales. Al poco tiempo la funcionaria municipal fue despedida por “pérdida de confianza”, por instrucciones del edil.

Así que las alarmas se encendieron porque esto significaría que la comunicación con periodistas estaría siendo intervenida con el fin de utilizar las grabaciones para fines de persecución, acoso y extorsión, según han declarado periodistas locales.

En su denuncia, Martínez Oropeza dice que su página ha sido clonada ‘para desde ahí enderezar críticas contra los opositores al gobierno municipal’. Dicen que desde tres perfiles falsos de Facebook se han dirigido ataques personales contra Claudia Ramos y que se han utilizado Bots para atacar cuentas de reporteros, amenazas contra periodistas críticos y de hacer llamadas desde las oficinas del ayuntamiento a directores de medios para que “le bajen al tono de sus críticas”.

De probarse estas acusaciones veríamos una vez más la injerencia de gobierno en actividades relacionadas con el periodismo y muy particularmente en lo relativo a la libertad de expresión.

Esta libertad de expresión, mil veces invocada pero de difícil solución y ejercicio, es uno de los derechos más amenazados en países con democracias no consolidadas y con funcionarios públicos que encuentran la solución a su debilidad de gobierno, o mal gobierno, queriendo callar a quien tiene la obligación pública y social de denunciarlo.

No es novedad en Oaxaca. Hace poco en la capital del estado se denunció públicamente la posible intervención digital y telefónica en aparatos de comunicadores que son objetivamente críticos al gobierno estatal. ¿Quién lo hizo y por qué? Está por probarse, como antes.

A malos gobiernos les indigesta la verdad. No la toleran. Es su veneno. La libertad de expresión les produce indignación y hasta odio y, por tanto la persiguen aunque juran y perjuran que la defienden y la cuidan y la miman; y pagan por el silencio, cuando así lo permite quien decide cobrar por el silencio –que también hay casos y en donde se mezcla la indignidad con el delito–. Pero es claro que a quien más le interesa decir lo que quiere y no lo que debe es a ellos.

Ejemplos de complicidad en contra de la libertad de expresión son muchos. La persecución de periodistas y muerte de muchos ha sido la constante en nuestro país, “uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo” según la ONU y diversas organizaciones mundiales de periodistas.

Las formas de agravio al periodismo y a la libertad de expresión son muchas y muy matizadas y hasta sofisticadas, como es el caso de lo digital, hoy, o el histórico, como es la llamada para pegar el grito en el cielo porque “me estás pegando y no pago para que me pegues” en aquella frase inolvidable de José López Portillo…

Así que lo de Tuxtepec es una muestra de hartazgo por prácticas atentatorias a la libertad de expresión y proclives al silencio.

Lo que sigue es que la autoridad cumpla cabalmente con su responsabilidad, investigue y castigue a quien lleva a cabo tales fechorías. Debe hacerlo. Es su responsabilidad constitucional.

Y… pero… queda la duda de si lo hará. Porque en lo institucional hay una cierta forma de complicidad y porque existe desdén hacia estos delitos; por ejemplo, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Luis Raúl González Pérez), como del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Roberto Campa Cifrián), que cuando ven estos ataques a la prensa y la libertad de expresión y a sus operarios, deciden mirar para otro lado. Ya veremos.