Ni más ni menos/Joel Hernández Santiago

Ocultamiento, como forma de gobierno.

Es histórico: El gobierno mexicano tiene el síndrome de la mentira, del ocultamiento, del oscurantismo y del desvío de la verdad. De todo y por todo siempre oculta; siempre intenta engañar y siempre tiene a la mano la culpabilidad ajena en una muestra de debilidad institucional y de fragilidad de nuestros políticos nacionales. Dicen verdades a medias o de plano mentiras absolutas, como si con ello exorcizaran sus propias culpas, haciéndose más culpables aun en tanto irresponsabilidades de gobierno y aun complicidad o culpabilidades.

En todo caso, la esperanza sigue vigente. Los padres de los 43 muchachos desparecidos hace dos años en Iguala siguen en pie de espera y de lucha. A su ilusionada expectativa por encontrarlos con vida se han unido miles de hombres y mujeres en el país. Fuera de México es un tema recurrente de quienes exigen la aparición de los jóvenes estudiantes al gobierno mexicano.

Para el presidente Enrique Peña Nieto el asunto ha pesado como una loza a sus espaldas todo este tiempo. A cada paso, cada día, en cualquier lugar aparece la sombra de los normalistas que entran a la historia como parte de las contradicciones de un régimen que no sabe cómo solucionar un tema de justicia social y de justicia, con muchos adjetivos.

Y a cada paso los reclamos son airados. En sus viajes al extranjero el presidente Peña Nieto encuentra manifestantes locales, y mexicanos en aquellos países, que le recuerdan una asignatura pendiente: la de la aparición de los muchachos y el esclarecimiento de los hechos.

A lo largo de los veinticuatro meses transcurridos, el gobierno federal y el gobierno local, en el estado de Guerrero, han entrado en múltiples contradicciones y acaso mentiras que ocultan verdades indispensables.

Lo dicho: el gobierno mexicano nunca –o casi nunca- asume sus responsabilidades y ‘siempre miente-miente-siempre.’ Con frecuencia quiere hacernos creer su verdad y elabora y gasta recursos para bordar en su propio telar, y se enoja si no se acepta. Acusa de ingratitud y de actuar en contra del gobierno si se dice ‘no’ a sus dichos, con muchas frecuencias improbables e improbadas, como ha sido el caso Ayotzinapa.

A lo largo de más de 104 semanas operó la investigación desde el procurador Jesús Murillo Karam y aquella “Verdad histórica” incomprensible, a la actual Procuradora General de la República, Arely Gómez quien afirma que la investigación sobre el caso Ayotzinapa sigue vigente.

Al principio de los hechos se detuvo a quien fue alcalde de Iguala desde 2012, el perredista José Luis Abarca Velázquez, a quien se acusó de estar coludido con el grupo criminal Guerreros Unidos, a los que aparentemente pagaba protección; esto porque Abarca está casado con María de los Ángeles Pineda, quien sería el presunto enlace del gobierno municipal con el crimen organizado.

Y de ahí en adelante las declaraciones o filtraciones para asegurar que los muchachos fueron incinerados en un basurero de Cocula, Guerrero, en tanto que organizaciones internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) encontraron que esto no ocurrió, lo que llevó a que el gobierno mexicano tratara a este cuerpo de expertos de muy mala manera y aun grosera.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asimismo dijo que el gobierno mexicano no estaba cumpliendo cabalmente con la investigación, mientras que Tomás Zerón de Lucio, señalado por el GIEI como posible sembrador de evidencias falsas en el río San Juan el martes 28 de octubre de 2014, seguía siendo parte de la investigación.

En todo caso, a las conclusiones del visitador de la PGR, César Chávez Flores sobre la participación de Zerón en los hechos de presunta manipulación de evidencias se quiso ocultar, aunque los informes debieron ser contundentes: Sorpresivamente le fue solicitada la renuncia el 9 de septiembre de 2016.

Unos días después, debido a la presión de los investigadores independientes y por la presión social, Tomás Zerón presentó su renuncia a la titularidad de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR; no obstante, a modo de confrontación, unas horas después el presidente de México lo nombró Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional. NI más, ni menos.

Muchos personajes han recorrido los pasillos del caso Ayotzinapa; miles de fojas integran en gran expediente de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos. El gobierno federal mexicano se resiste a decir la verdad de lo que ocurrió ahí y el paradero de los jóvenes…

Probablemente argumenten que esta verdad tiene que ver con asuntos de seguridad nacional y, por lo mismo –supone el mismo gobierno–, merece la reserva. No obstante el ocultamiento, la desviación de lo que se investiga, la protección de personajes, razones y circunstancias le ha causado un enorme daño a la nación y al Estado mexicano.

Decir la verdad de gobierno es un hecho que va bien en democracia. Y si no es así, es la expresión viva de un gobierno débil que no puede enfrentar sus desaciertos frente a los habitantes de un país que, por lo mismo, hoy se encuentran desconfiados y escépticos de todo lo que les diga el gobierno –los gobiernos-, aunque sean cosas buenas, que también podrían contar.