CIUDAD DE MÉXICO, 28 de agosto de 2017.- Por problemas en la estructura del sistema de justicia y violaciones a los derechos humanos, México ocupa el primer lugar en el Continente Americano y el cuarto a nivel mundial de 13 países con muy alta impunidad, revela el Índice Global de Impunidad (IGI) 2017, realizado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Le siguen Perú, Venezuela, Brasil, Colombia, Nicaragua, Paraguay, Honduras y El Salvador, a nivel continente.

De 69 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los datos duros del estudio revelan que los 13 países con muy alta impunidad son: Filipinas, con 75.6 puntos; India, con 70.94; Camerún, 69.39; México, con 69.21; Perú, 69.04; Venezuela, 67.24; Brasil, 66.72; Colombia, 66.57; Nicaragua, 66.34; Federación de Rusia, 65.49; Paraguay, 65.38; Honduras, 65.04; y El Salvador con 65.03 puntos.

En conferencia de prensa, desde la UDLAP en su campus Ciudad de México, el rector de la Universidad, Luis Ernesto Derbez; y los coordinadores del IGI, Juan Antonio Le Clercq Ortega y Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, presentaron información relacionada con los indicadores en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Los expertos detallaron que este año el IGI se robusteció integrando tres países de África, tres de Asia-Pacífico, siete de América y tres de Europa; en el caso particular de Venezuela, se catalogó como un caso atípico por la situación que atraviesa actualmente y se consideraron datos de 2015-2016.

En contraste, los países con el menor índice de impunidad fueron: Croacia con 36.01 puntos; Bulgaria, 37.19; Eslovenia, 37.23; Suecia, 39.15; Noruega, 40.90; Montenegro, 42.13; República Checa, 42.83; Grecia, 44.56; Alemania, 45.10; y Países Bajos con 45.31 puntos.

Los países con impunidad media alta son: Estados Unidos de América, con 64.78 puntos; Kenia, 64.13 puntos; Panamá, 63.23 puntos; Turquía, 62.80 puntos; Ecuador, 62.72 puntos; Guatemala, 62.40 puntos; Georgia, 61.05 puntos; Kazajstán, 61.04 puntos; y República Dominicana, 60.61 puntos).

El primer análisis que presentó la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla fue en 2014, desde entonces, asumió el reto de medir estadísticamente la impunidad, convencidos de que este fenómeno está detrás de algunos de los más graves problemas nacionales y que funciona como un factor multiplicados de las consecuencias de la violencia, la inseguridad o la corrupción.

Para el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) “la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados, como el homicidio. Y ésta tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos”, indica el documento.

En su metodología, la impunidad es medida desde dos criterios centrales: la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos, y la capacidad estructural o instalada con la que cuentan los países.

En su exposición, Luis Ernesto Derbez indicó que la crisis de violencia e inseguridad no puede enfrentarse sin respeto cabal a los derechos humanos y el debido proceso; además, todos los reportes internacionales coinciden que la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial son prácticas comunes en el país.

Los especialistas académicos, quienes coordinan el IGI, manifestaron sus preocupación al señalar que las desigualdades sociales retroalimentan la impunidad.

Como lo señalaron en el IGI 2015 e IGI-MEX 2016, “nos preocupa la correlación impunidad-desigualdad porque esto implica que si bien todos los mexicanos sufrimos los efectos de la impunidad, quienes están en condiciones de marginación son doblemente vulnerables”.