México, el país más peligroso para periodistas en región: ex relatora

CIUDAD DE MÉXICO, 6 de abril de 2017.- México es el país más peligroso en la región para el periodismo, afirmó la ex relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Catalina Botero.

“No cabe duda que México es el país más peligroso en la región y no es una región fácil”, dijo durante la presentación del informe de Artículo 19, Libertades en resistencia.

Describió la situación que atraviesan otros países como Brasil, Colombia, Venezuela y Guatemala, casos donde la libertad de expresión también se ha visto amenazada.

“Es que en Brasil ha habido sobre todo en 2013 y 2014 una serie de asesinatos brutales en los estados de la frontera con los estados de norte, la libertad de expresión está realmente amenazada por todas las fuerzas y a los líderes sociales los matan sin piedad”.

En el caso de Guatemala señaló que la prensa tiene un silencio profundo, “tal vez por eso no son tan altos porque están domesticados, salvo algunos excepcionales periodistas”, refirió.

En el caso de Colombia se trata de un país atravesado por un conflicto armado donde hay bandas criminales, antiguos grupos paramilitares y otros que pasaron a ser delincuencia organizada y la prensa está amenazada, o Venezuela, donde la gente no puede ejercer la libertad de prensa.

“Decir que México es el peor es lamentable y las cifras de asesinato lo muestran, esas cifras son conocidas, lo que hace el informe con cifras”.

Botero reprochó al Estado mexicano y a la Fiscalía para periodistas que descarten la hipótesis de que los periodistas asesinados en México lo fueron por ejercer su libertad de expresión.

“Nosotros no sabemos que los periodistas asesinados lo fueron por ejercer su libertad de expresión, lo que sí sabemos es que el Estado tiene la obligación de no descartar esa hipótesis como hipótesis inicial de investigación”.

Caso de Regina Martínez

La especialista usó el caso de la periodista Regina Martínez, asesinada en Veracruz, y relató las irregularidades del caso.

“Hice el seguimiento al caso de Regina, hice seguimiento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y he solicitado el expediente y no me lo mandan y cuando me lo mandan lo hacen como si fuera una versión pública, que está en una etapa de investigación preliminar”, explicó.

“¿Qué están escondiendo en el caso de Regina? Pero además cosas como la siguiente, la prueba de que Regina Martínez tenía una relación amorosa era que en su casa había perfumes que según unos investigadores eran el elemento concluyente sobre el inicio de una relación amorosa; es decir, cuando las relaciones amorosas prosperan uno deja de comprar perfumes o si uno no tiene relaciones amorosas no compra perfumes. Es irracional, ilógico, no soporta un análisis elemental y lo que muestra es un patrón en todos los casos.

“El informe no está diciendo a esas personas las asesinaron por ejercer su libertad de expresión, nos está diciendo sorpresivamente todos cubrían fuentes sensibles y sorprendentemente en todos los casos la retórica gubernamental es la riña entre vecinos, relaciones amorosas, el descuido en zonas peligrosas y dónde está la hipótesis, la obligación de investigar, no les estamos pidiendo un favor, que cumplan sus obligaciones”, reclamó la colombiana.

Agregó que la CIDH, la comisión de relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, así como el órgano homólogo de la Organización de Naciones Unidas se lo han pedido al Estado mexicano, sin respuesta.

“Todo el bendito mundo les ha dicho que no pueden descartar esta hipótesis y se sienten tranquilos y se muestran a los condenados en prisión y en televisión y luego un juez dice ‘esa condena no vale porque se obtuvo con tortura’ y resulta que una segunda juez decide que el hecho de que la prueba haya sido obtenida con tortura es irrelevante, que esa persona que bajo tortura dijo que a ella la habían matado para robarla sí debe ser recapturada.

“Lo que muestra el informe es que esa segunda juez fue ascendida en el gobierno del señor Javier Duarte, por petición de uno de los gobernadores más corruptos que ha tenido este país y que tiene el peor récord en materia de libertad de expresión y promoción de libertades democráticas en México.

«Si esa juez dice que la condena en el caso de Regina procede pese a que la persona que confesó fue por tortura entonces no vale nada y el caso de Veracruz debería ser llevado como de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, a los órganos internacionales de derechos humanos”, concluyó.