México pierde inversiones y confianza

En los recientes años, la situación económica del país ha mostrado un marcado deterioro, no debido a una crisis internacional o factores externos, sino a las malas decisiones políticas, jurídicas y económicas tomadas por los gobiernos emanados de Morena, lo cual ha generado repercusiones severas que impactan directamente en el bienestar de la sociedad, el estado de derecho y la estabilidad financiera.

Uno de los factores más alarmantes ha sido la reforma política que aniquila la autonomía del Poder Judicial de la Federación, lo cual mina la confianza ciudadana y de negocios, creando incertidumbre jurídica. Además, la desaparición de órganos autónomos y coordinados de energía ha limitado el contrapeso necesario para garantizar transparencia, eficiencia y buenas prácticas.

El continuo desacato de sentencias judiciales ha sentado un precedente peligroso. Cuando un gobierno no respeta las decisiones de los jueces, no solo erosiona el estado de derecho, sino que también envía un mensaje de impunidad que fortalece a la delincuencia y debilita la seguridad jurídica.

La asignación de recursos públicos a megaproyectos ha sido objeto de críticas constantes debido a los elevados costos, los retrasos y la falta de resultados tangibles. Estas obras, promovidas como motor de desarrollo, han demostrado ser un despilfarro, mientras se descuidan necesidades básicas como la infraestructura hidráulica y el acceso a energía eléctrica.

A pesar de las promesas de pacificar al país, los resultados en materia de seguridad han sido catastróficos. La violencia y el crimen organizado siguen creciendo, afectando la productividad y generando costos económicos y sociales irreparables.

En lugar de implementar políticas públicas basadas en evidencia e interés nacional, se ha optado por decisiones guiadas por prejuicios y dogmas ideológicos. Esto ha resultado en una falta de crecimiento económico sostenible, así como en la pérdida de oportunidades para aprovechar los recursos naturales y las ventajas competitivas del país.

Todo lo anterior ha impactado negativamente la estabilidad financiera de México. La nota crediticia se ha deteriorado, lo que incrementa las tasas de interés en los préstamos y en la deuda que pagamos como nación. Esto, a su vez, se traduce en una mayor inflación, pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora y una contracción significativa del mercado interno.

El incumplimiento de las obligaciones pactadas con nuestros socios comerciales podría desencadenar sanciones económicas y comerciales que afectarían a millones de trabajadores.

El deterioro económico de nuestro país no es producto de la fatalidad ni de una crisis internacional inevitable, sino de una serie de malas decisiones políticas, jurídicas y económicas que han debilitado nuestras instituciones, obstaculizado el crecimiento económico y mermado la confianza.

Es urgente replantear el rumbo de México, priorizando políticas públicas que fomenten el estado de derecho, la transparencia y el desarrollo económico sostenible en beneficio de todas y todos los mexicanos.

*Presidente Nacional del PRI.