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WASHINGTON, 11 de marzo (Quadratín México).- El gobierno de México y seis países más pertenecientes a la Organización de Estados Americanos (OEA) hicieron hoy un llamado para la abolición de la pena de muerte en el continente.
También pidieron a los países donde está vigente este castigo a atender las medidas cautelares o provisionales emitidas tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que permitan acceso a información en la materia de sus respectivos sistemas penales.
El exhorto fue hecho aquí por el embajador de México ante la OEA, Joel Hernández, en el curso del primer día del 147 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante una audiencia sobre la pena de muerte en las Américas.
Hernández hizo la solicitud a nombre de México y los gobiernos de Argentina, Brasil, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Costa Rica, junto con Francia en su calidad de observador permanente.
“Hacemos un llamado a los Estados de la región que mantienen la pena de muerte a que consideren su abolición o bien decreten una moratoria de jure o de facto sobre su aplicación, con miras a su eventual abolición”, indicó el representante.
El grupo pidió igualmente que, de acogerse a esta solicitud, estos países dispongan de medidas que permitan respetar las normas internacionales y sus salvaguardias para garantizar la protección de los derechos a condenados a la pena de muerte.
También pidieron que recaben y faciliten el acceso a datos sobre la aplicación de la pena en sus países, como el número de condenados, número de condenados en espera de ejecución y el número de ejecuciones.
“Pedimos también que se procure limitar progresivamente el uso de la pena de muerte y se abstengan de aplicar la pena capital por delitos cometidos por menores de 18 años, mujeres embarazadas y personas con discapacidades mentales”, dijo Hernández.
Hernández hizo igualmente un llamado a los países de la región que han abolido a la pena de muerte a no volverla a instituir.
En su pliego, el grupo pidió además a la CIDH a mantener el tema como una cuestión prioritaria y que convoque a una audiencia pública en el 2014 para abordar el tema.
En su turno la comisionada Dinah Shelton cuestionó a los representantes del grupo sobre la posibilidad que la OEA adopte una resolución pidiendo una moratoria de la pena de muerte como lo hizo en su oportunidad la ONU, sin que hubiera una respuesta concreta al respecto.
De acuerdo con Amnistía Internacional en la actualidad la pena de muerte continua vigente en Estados Unidos, Bahamas, Cuba, Guatemala, Guyana, Jamaica, y Trinidad y Tobago.
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