Alfa omega/Jorge Herrera Valenzuela
@guerrerochipres
Explotación laboral o sexual, sometimiento a trabajos forzados u obligados a mendigar, reclutamiento para realizar actividades delictivas, secuestro, extorsión, abusos sexuales… Los riesgos de ser víctimas de la delincuencia están latentes en el trayecto de las personas migrantes hacia su destino.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que anualmente hay alrededor de 3 millones de entradas ilegales a los Estados Unidos, que generan ingresos de unos 6 mil 600 millones de dólares para los delincuentes dedicados al tráfico de personas.
Un negocio ilícito altamente lucrativo que se aprovecha de la vulnerabilidad de hombres y mujeres que, en el contexto americano, por lo general buscan mejores condiciones de vida a las que tienen en sus países de origen.
A lo largo del trayecto, las personas en situación de movilidad enfrentan nula o casi nula comunicación con sus familiares, limitaciones por desconocimiento del idioma, por la manera de acceder a servicios de seguridad, mientras su estatus migratorio indocumentado les impide revelar su situación por temor a ser deportados.
Según el Trafficking in Persons Report 2022, este problema ha generado más de 2 mil víctimas de Trata de Personas en México, entre 2019 y 2021. Los reportes que atiende el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la CDMX, a través de la Línea y Chat Nacional contra la Trata de Personas 800 5533 000, indican que este año uno de cada cuatro está relacionado con explotación laboral y trabajos o servicios forzados.
Los testimonios refieren casos de migrantes secuestrados por quienes pedían a sus familias un rescate; abandono antes de cruzar la frontera y tras haber pagado por el traslado; “venta” a patrones para trabajar en maquila o la pizca; abuso sexual y obligación a ejercer la prostitución.
Por su carácter transfronterizo, la Trata y el tráfico —delitos que se diferencian entre otras razones por la coacción o el consentimiento de la persona— demandan la colaboración de organismos internacionales. Bajo esa lógica de actuación, el Consejo Ciudadano se alió con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM-ONU Migración), representada en México por la Jefa de Misión Dana Graber Ladek, para reforzar la ayuda a víctimas y la prevención.
Son varios los organismos que trabajan para prevenir, detectar y sancionar la Trata de Personas. Desde el Instituto Nacional de Migración y el Instituto para las Mujeres en la Migración en México hasta la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Personas.
Desde la ciudadanía, la denuncia es la herramienta más fuerte para ayudar a las y los migrantes y otras personas vulnerables.
Salvador Guerrero Chiprés es presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México