Prepara gobierno estrategia migratoria
CIUDAD DE MEXICO, 4 de diciembre (Quadratín México).- Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano, se disculpó por afirmar que había muerto un joven que protestaba en los alrededores del Palacio de San Lázaro, en contra de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.
“Es mi deber y convicción expresar al pueblo de México y a ustedes (legisladores) una disculpa. Aceptar equivocaciones no demerita posiciones políticas; los políticos como cualquier ser humano somos falibles”, afirmó Monreal Avila.
Al fijar la posición de MC en la ceremonia de toma de protesta del presidente Peña Nieto el pasado 1 de diciembre, el legislador Monreal Avila acusó que el manifestante Carlos Valdivia murió debido al impacto de una bala de goma, al tiempo que solicitó acabar con la persecución de líderes políticos de izquierda, jóvenes y ciudadanos inocentes de cualquier cargo.
Ricardo Monreal ofreció estas disculpas, en el marco de la agenda política en la sesión de este martes, durante la cual los grupos parlamentarios manifestaron su rechazo a la violencia registrada el primero de diciembre, al tiempo de exigir a las autoridades una investigación a fondo y la aplicación de la ley a quienes la provocaron.
En uso de la máxima tribuna, el diputado Arnoldo Ochoa González, del PRI, rechazó el “vandalismo” como mecanismo de imposición de la voluntad de las minorías, sobre decisiones tomadas por la mayoría de los mexicanos.
Se pronunció porque los responsables de los hechos delictivos registrados el pasado sábado, sean castigados en el marco estricto de la ley, pues hubo conductas que no se justifican con el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación que consagra nuestra Constitución.
Tras ello, el priísta Ochoa González exhortó a que los Poderes de la Unión –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, actúen en coordinación en la recuperación de la paz y la tranquilidad que la sociedad reclama.
En turno del PAN, el legislador Juan Jesús Aquino sostuvo que constituye una amenaza para la vigencia del Estado de derecho y la democracia, “pretender quebrantar o mandar al diablo a las instituciones por quienes, so pretexto de manifestar inconformidades”, lastiman a terceros sin la más mínima consideración, poniendo en peligro siempre a los más vulnerables.
Resaltó que el pasado 1° de diciembre hubo una “turba, sin el más mínimo afán de expresarse pacíficamente”, la cual ocasionó daños al patrimonio de la Ciudad de México que oscilan, según los cálculos, entre 950 millones y mil 700 millones de pesos. Lo que se lamenta es que entre las consignaciones y detenciones hay jóvenes y menores de edad.
En tanto, Roberto López Suárez, del PRD, repudió los actos violentos cometidos, pero afirmó que estos los realizaron “infiltrados” en una protesta pacífica, por lo que exigió una investigación pronta y exhaustiva por el uso de la fuerza pública, a la que calificó de excesiva, contra los manifestantes, así como por la utilización de balas de goma y gases lacrimógenos.
Demandó también investigar la participación y relación de algunos grupos vestidos de civil, con el rostro cubierto y los guantes blancos en la mano derecha, “que ahora se transformaron en negros porque es la nueva versión de los Halcones”.
Por su parte, el diputado Antonio Cuéllar Steffan, del PVEM, señaló que “los actos vandálicos” perpetrados el sábado pasado, tanto en las proximidades de este recinto legislativo como en el centro de la Ciudad de México, no constituyen un reclamo legítimo del pueblo ni tampoco es la voz ni el sufrimiento de la mayoría.
Agregó que la percepción de los que ven en el esfuerzo de México un “Estado putrefacto” constituye una visión distorsionada de la realidad. “Una postura que más bien se ajusta a una agenda de intereses personales. Un anarquismo premeditado, cuyo fin perverso consiste en volverse profetas de una desgracia por ellos mismos construida”.
En turno de Movimiento Ciudadano, la diputada Luisa María Alcalde Luján apuntó: “Estamos sorprendidos por los acontecimientos. Nos sorprende que la fórmula siga funcionando a quien lucra con dividir al país a través de infiltrados, cadenas y gas lacrimógeno. No permitiremos que impunemente aprisionen a quien su único delito fue sucumbir ante unas fuerzas armadas que desproporcionadamente los agredían y perseguían”, dijo.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, del PT, destacó que la democracia institucional y las estructuras de gobierno deben estar preparadas y ser sensibles no sólo para tolerar la disidencia, sino para considerar sus razones y argumentos como vía de cambio social e integración de políticas públicas.
Es necesario, agregó, conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad, no sólo de los jóvenes que participaron en las protestas, sino de los resultados de la coordinación de las fuerzas de seguridad pública federal y del Distrito Federal, de sus estrategias de disuasión y contención. “Esta Cámara de Diputados está obligada a esclarecer los hechos de violencia”.
La diputada Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, rechazó cualquier manifestación de violencia, desde aquel acto vandálico, dijo, que destruye la propiedad privada y atenta contra la integridad de las personas, hasta la violencia institucional, que por falta de capacidad recurre a la arbitrariedad y violación de los derechos humanos.
Añadió que cada uno es responsable de sus actos y quienes quebrantaron la ley deben asumir su responsabilidad, pero no podemos ignorar que estos acontecimientos son consecuencia de la virulencia de ciertos grupos radicales. “Bajo ninguna circunstancia podemos aceptar que la libre expresión y manifestación de las ideas sea pretexto para actuar fuera de la ley”.
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