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CIUDAD DE MÉXICO, 15 de agosto (Quadratín México).- El Gobierno Federal “no cederá frente a la presión y el chantaje”, y se reservó la posibilidad de proceder conforme a derecho, después de las declaraciones realizadas por el presidente del grupo MVS, Joaquín Vargas luego de que denunció que la Presidencia de la República intervino en el proceso de renovación de concesiones en la banda 2.5 Ghz, a cambio de evitar que interpusieran recursos jurídicos en la fusión entre Televisa e Iusacell.
“El intentar imponer intereses financieros por encima de los de México, es inadmisible para el Gobierno Federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho”, expresó la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia de la República.
En un comunicado de Presidencia, rechazó que la titular de la Coordinación de Comunicación Social, Alejandra Sota, a través de los abogados de la empresa MVS “haya ofrecido al señor Vargas viabilidad al proyecto de la 2.5 a cambio de que éste no impugnara la resolución de concentración de Televisa en Iusacell. La última vez que la titular tuvo contacto con MVS fue en febrero de 2011”.
Asimismo, negó tener alguna responsabilidad en la salida de la periodista Carmen Aristegui con el argumento de que se ha respetado la libertad de expresión.
“Como esta Coordinación dio a conocer el pasado 9 de febrero, se rechaza categóricamente cualquier participación en la salida de la señora Carmen Aristegui de MVS. La decisión editorial de MVS corresponde única y exclusivamente a MVS, no al Gobierno Federal. Más importante aún, como nunca antes la presente administración ha sido cabalmente respetuosa de la libertad de expresión y de la diversidad de opiniones en los temas públicos de interés”, señaló.
Afirmó que la política de comunicación social de la presente administración “está completamente diferenciada de la política pública en materia de telecomunicaciones. Desde el primer día de Gobierno, las decisiones se han tomado con total transparencia y, en el caso del sector telecomunicaciones, con base en estrictas consideraciones técnicas y legales, en las que intervienen organismos autónomos”.
Indicó que “cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas”.
Qmx/grr