Mujeres en lucha contra la violencia
CIUDAD DE MÉXICO, 9 de noviembre de 2018.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) destacó que pese al avance significativo que representa la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, no existe una adecuada aplicación y materialización de dicho ordenamiento legal, por lo que, además del incumplimiento de la ley, el andamiaje institucional en él establecido para erradicar las desapariciones en México es solo una buena intención, toda vez que no ha brindado a los familiares de las personas desaparecidas una adecuada respuesta institucional ante ese flagelo.
A ello debe agregarse que 25 entidades federativas mexicanas no han establecido su respectiva Comisión Local de Búsqueda, y 11 no han constituido o puesto en operación su Comisión Local de Atención a Víctimas, a pesar de que la Ley para la Atención de Víctimas aprobada en diciembre de 2014 así lo dispone, por lo que deben generarse las condiciones operativas y técnicas que permitan que los contenidos de la norma aludida se materialicen en la práctica, lo cual demanda, entre otras cosas, la asignación de recursos presupuestales necesarios y suficientes para su implementación.
Es necesario dejar atrás la práctica de legislar sin la correspondiente planeación presupuestal, puesto que el contenido de las disposiciones normativas queda en mera expectativa en detrimento de las víctimas.
Otra asignatura pendiente por la mayoría de las legislaturas de los estados es la emisión o adecuación de su normatividad interna a las disposiciones en la Ley Federal en materia de declaración de ausencia, lo que genera que el reconocimiento y protección de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición, así como la seguridad jurídica de sus familiares, no estén debidamente garantizados ni armonizados con la Ley en materia de desaparición de personas.
Así lo expresó el primer visitador general de la CNDH, Ismael Eslava Pérez, al participar en las reuniones con motivo del diálogo de seguimiento entre el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU (CED) y el Estado mexicano, en que demandó saldar la deuda pendiente con las víctimas de desapariciones y sus familiares, ya que no podemos hablar que seamos una sociedad sustentada en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos mientras no actuemos para dar la respuesta integral a ese flagelo.
Señaló que el Organismo Nacional mexicano de protección a los derechos humanos reitera a las autoridades encargadas de cumplir y hacer cumplir la Ley en materia de desaparición de personas la importancia de conformar en su totalidad las Comisiones Locales de Búsqueda; crear, en el ámbito de los órganos de procuración de justicia locales las Fiscalías especializadas para la investigar y perseguir la desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como canalizar los recursos presupuestarios necesarios para que las diversas instancias contempladas en la citada ley puedan cumplir cabalmente sus funciones.
Además, contar con un eficiente Registro Nacional de Personas Desaparecidos o no Localizadas, que permita distinguir las desapariciones forzadas de las atribuidas a particulares o delincuencia organizada, y de aquellas en que se desconoce el paradero de la persona por causa distinta a la comisión de un delito; profesionalizar a ministerios públicos, policías, peritos y a todo el personal que participe en la búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas, y armonizar la normatividad en la materia con la Ley General correspondiente.
Eslava Pérez puntualizó que México enfrenta una problemática muy sensible en materia de desaparición de personas, debido, principalmente, a la violencia, inseguridad, corrupción e impunidad que impera en algunas regiones del país, a la ausencia de coordinación interinstitucional eficaz entre las distintas autoridades del Estado mexicano encargadas de la búsqueda y localización de persones; a un deficiente acceso a la justicia, además de una inadecuada atención a las víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos.
El primer visitador general de la CNDH, quien estuvo acompañado por la Secretaria Ejecutiva del Organismo Nacional mexicano, Consuelo Olvera Treviño, expresó que si logramos recuperar un cauce en el que la legalidad, el respeto a los derechos fundamentales, el diálogo y la solución pacífica por las vías institucionales de nuestras diferencias estaremos en camino de consolidar una sociedad libre de violencia, en la que impere una cultura de paz.