Necesarias, políticas para pensionar a más de 10 millones de ancianos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 de diciembre (Quadratín México).- En el país hay más de 10 millones 55 mil 379 personas de 60 años y más que deben gozar de una pensión económica por vejez y acceder a una adecuada movilidad en espacios y transportes públicos, expuso la legisladora Irazema González Martínez Olivares.

Por esa causa, dijo, se adicionarían dos párrafos al Artículo 4 constitucional y correspondería al Estado establecer políticas públicas para la integración y participación de las personas de la tercera edad en la vida activa y comunitaria.

Los adultos mayores, explicó, conforman uno de los sectores más vulnerables de la población, en virtud de que la mayoría no cuenta con una retribución económica que les permita satisfacer sus necesidades.

A ello, abundó, se agregan los constantes impedimentos arquitectónicos de movilidad en los espacios públicos y los transportes, así como la dificultad para formar parte de la vida económica y social.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró que indudablemente el principal problema de estas personas es la discriminación en razón de su edad, lo cual obstaculiza el goce o ejercicio de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En México, reveló, se registra un proceso de rápido envejecimiento demográfico pues datos del Censo de Población 2010 refirieron que los habitantes de 60 años y más ascienden a 10 millones 55 mil 379 personas.

Esa cifra, significa que 9.06 por ciento de la población total del país son personas adultas mayores, destacó la diputada federal por el estado de México.

Datos del Consejo Nacional de Población (Conapo) advierten que para 2030 habrá más adultos mayores que jóvenes menores de 15 años, y para 2050, 30 por ciento de la población tendrá más de 60 años, por lo que es sumamente importante promover una cultura de envejecimiento digno y de calidad.

Destacó que estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) refieren que los países latinoamericanos mantienen políticas públicas deficientes en materia de envejecimiento digno.

Además, prosiguió, las personas adultas mayores no cuentan con un instrumento jurídicamente vinculante que proteja sus derechos, como ocurre con otros grupos que enfrentan actitudes discriminatorias.

Esos instrumentos jurídicos y recomendaciones internacionales refieren que los países deben otorgar ayudas a los adultos mayores que carecen de una pensión de seguridad social, con el propósito de mantener un equilibrio en el desarrollo económico y social de la población.

Una de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es que las personas de edad avanzada tengan accesos de movilidad adecuados en el entorno en el que se desarrollan y acceso a programas de integración y participación en su comunidad, concluyó.

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