Negar seguridad social a las mujeres otra forma de violencia / Nacional / Noticias México – Quadratin DF

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de mayo (Quadratín México).- A pesar de que el país se encuentra entre las 20 economías de mayor tamaño en el mundo, 5.5 millones de mexicanas trabajan en la informalidad, esto se traduce en nula protección laboral como licencia de maternidad, vacaciones y derecho a una jubilación o pensión.

México tiene una gran economía informal y el nueve por ciento del sector lo constituyen las trabajadoras domésticas que lejos están de suponer que adquieren derechos.

Este es el caso de Reyna, que con 20 años dedicada a esa labor, sólo concibe obligaciones “con los patrones, trabajo en base a la confianza, gracias a Dios no he tenido reclamos porque se pierda algo, la gente ya me conoce, porque ya llevo muchos años; tuve que trabajar en lo que podía hacer, mi marido me dejó en total desamparo, se desobligó de sus cinco hijos y tuve que ser el sustento de la casa”, narró.

Para acceder a servicios de salud, las trabajadoras deben registrarse en algún programa gubernamental como el Seguro Popular, pero esta cobertura no es completa y existen problemas de calidad en esos servicios como: dedicar un largo tiempo de espera para obtener atención médica, falta de medicamentos, de material de curación, maltrato en hospitales y centros de salud, así como la falta de confianza en los médicos.

Trabajadoras como Araceli, que aunque es profesora normalista en una escuela privada, tuvo que recurrir al Seguro Popular porque en su trabajo no tiene prestaciones sociales como derecho a la vivienda o ahorro para el retiro; y en algún momento determinado, acaba con algún médico privado, lo que representa un egreso fuerte que desequilibra el gasto familiar.

La participación creciente de la mujer en el trabajo remunerado se ve reflejado en educación para la familia y en el beneficio del hogar a largo plazo.

Así lo explica Samuel Freije, economista principal del equipo de Pobreza y Género del Banco Mundial, para quien el que la mujer, con pareja o sin ella, “participe en el mercado laboral, aporta grandes beneficios a la sociedad. Hay evidencia de que ella asigna una mayor cantidad de recursos al hogar incluso sobre ella misma, lo que se exterioriza en una mayor protección a los niños”.

“Esto también se traduce como nuevas formas de solución a conflictos, como mecanismos pacíficos para resolver diferencias. Sencillamente abre las perspectivas de reflexión, nuevas perspectivas de negocio, el cómo organizar el mundo de los negocios, entre otros aspectos. Es decir, toda la sociedad se beneficia; la participación laboral de la mujer produce efectos positivos de carácter secundario hacia la sociedad”, puntualizó.

Por otra parte, existe disparidad en el ingreso promedio por hora trabajada, mientras que para los hombres es de 45,7 pesos, las mujeres ganan 30,1 pesos por el mismo tiempo, es decir 34 por ciento menos. Es por ello que el modelo laboral en México y sus políticas públicas no se ajustan a la realidad de las mujeres trabajadoras y esta crisis afecta a más de 17 millones de ellas.

Las grandes fallas descritas, para consolidar políticas públicas que beneficien a las trabajadoras y la falta de materias de integración y desarrollo económico que son relevantes para la seguridad social, dejan en indefensión a las mexicanas y sus familias.

Por ello es necesario en cualquier sociedad, generar adelantos reales para la mujer, porque, de no hacerlo, se pueden constituir en factores de graves privaciones y conflictos a nivel país.

Si se considera a la mujer el eje principal de la familia mexicana y a la familia como la base de la sociedad ¿dónde están las políticas laborales a favor de las mujeres?

Es de reconocer también, que las mujeres tienen pensamientos de desigualdad bastante arraigados y esto merma su participación activa en el mercado laboral porque ellas mismas consideran que no tienen oportunidad alguna de competir.

Entre las excusas que denotan están que por dedicarse al hogar no han acumulado experiencia laboral, que la edad ya no les permite ser competitivas, sea porque se consideran personas maduras o miembros de la tercera edad o porque no tienen con quien dejar a sus hijos o porque no confían en las guarderías, entre otras justificaciones.

Por esta razón, es imperante la implementación de políticas macroeconómicas y financieras que garanticen la calidad de inserción en el mercado laboral, mejoren el ámbito del trabajo y combatan la marginación femenina en el ambiente laboral; que se vean reflejadas en la generación de empleos para reducir las diferencias de género y que permitan el incremento del ingreso de las trabajadoras, porque lo que se vislumbra como consigna en las empresas es bajar salarios y quitar derechos a las trabajadoras.

Ante este panorama, el Estado mexicano está obligado a otorgar mayores oportunidades de trabajo a las mujeres, a modificar sus sistemas políticos para hacerlos más incluyentes y participativos, para ello, es necesario transformar aquellas leyes o instituciones sociales que refuerzan las desigualdades entre los distintos grupos de la sociedad.

Buscar la manera de atenuar esta vulnerabilidad laboral es una tarea impostergable. Para un verdadero empoderamiento de las mujeres, habría que derribar las prácticas cotidianas que limitan su acceso a la propiedad, a la participación en los procesos políticos, a ocupar cargos directivos, a ganar igual o más que los varones y a desempeñar su trabajo en un ámbito de respeto, es decir, sin acoso u hostigamiento sexual o laboral.

La frase de Regina Galhardi,  funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo, define muy bien estos retos “como una tarea compleja, que se debe articular” y no tratarse como un problema aislado.

QMex/sl/bhr

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