Llevan ante juez al agresor del Metro Tacubaya
CIUDAD DE MÉXICO, 14 de diciembre de 2023.- Ante las confrontaciones que enfrenta, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, reiteró la defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación y que la vocación es suficientemente fuerte para superar las limitaciones y garantizar que la impartición de justicia.
En su Primer Informe de Labores del Poder Judicial de la Federación 2023, la ministra Norma Piña aseguró que, en lo personal, su compromiso ha sido, es y seguirá siendo la defensa de la Constitución, el pacto social, fundamental como la independencia, principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad entre las mexicanas y los mexicanos.
“Desde el Poder Judicial Federal continuaremos trabajando incansablemente para cumplir nuestro papel esencial en la salvaguarda del Estado constitucional y democrático de Derecho. Nuestro equipo de más de 53 mil trabajadores seguirá participando en la construcción de un México en el que la justicia prevalezca y el imperio de la ley sea la piedra angular de nuestra sociedad; no daremos un paso atrás en la tutela de la dignidad de las personas, nuestro único compromiso es con México”, expresó.
Desde el máximo tribunal judicial, la Ministra presidente subrayó que el cambio que todos anhelan en la justicia del país, no sólo está en manos del Poder Judicial, tampoco es exclusivo del Ejecutivo ni el Legislativo federales.
“Estamos ante una responsabilidad Estado, ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos”, manifestó al hacer un llamado a apostar por trabajar en colaboración con el fin de garantizar el respeto a la Constitución y a la integridad y dignidad de todas las personas.
Destaca las resoluciones de acciones de inconstitucionalidad
Al rendir el Primer Informe de Labores del Poder Judicial de la Federación 2023, la ministra presidente Norma Piña destacó en presencia de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, y de la presidenta del Congreso General, Marcela Guerra, las diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, integrantes del Congreso de la Unión y un organismo autónomo en contra de dos decretos que reformaron leyes en materia política electoral.
La ministra señaló que el principio de deliberación democrática es un criterio desde hace más de 15 años y, en más de 30 ocasiones, la Corte ha sostenido que el respeto a las formalidades del proceso legislativo, es esencial para que el régimen sea verdaderamente democrático.
Entre los asuntos más relevantes, resaltó la declaratoria de invalidez del Decreto que ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues determinó que el artículo 21 constitucional expresa que dicha corporación sea civil y que su descripción corresponda a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
También, la resolución que dio al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para que pudiera sesionar con menos de cinco comisionados, al determinar el Senado de la República fue omiso en designar a las personas comisionadas para cubrir las vacantes del Pleno.
Además, este año el pleno de la Corte inválido los preceptos mediante el cual el Poder Ejecutivo emitió la declaratoria de interés público y seguridad nacional de proyectos y obras a cargo a cargo del Gobierno de México, lo anterior en atención al derecho de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia a todas las acciones gubernamentales.
En diversas sesiones, la corte resolvió tres recursos de revisión en materia de seguridad nacional, relacionados con la divulgación de información sobre aspectos relativos a las vacunas contra el virus del Covid 19 y determinó que divulgar los datos identificación de los frascos de la vacuna no ponían en riesgo la seguridad nacional, por lo que consideró difundir información relacionada con el procedimiento para la autorización del uso de emergencia de las vacunas contra el virus.
“La situación que se nos presente en un futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino a los propios miembros de una sociedad basada en los equilibro democrático, en el respeto por la ley. No podemos olvidar que la justicia no es un monopolio del Poder Judicial Federal, es una responsabilidad de Estado que incluye la seguridad, la procuración de justicia, el desarrollo social y el combate a la desigualdad”, sentenció.