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CANCÚN, QROO, 24 de abril (Quadratín México).-El ayuntamiento Benito Juárez negó a la empresa Real Estate Dragon Mart SA de CV, la licencia de construcción del proyecto Dragon Mart Cancún.
El presidente municipal, Julián Ricalde Magaña, dijo que su gobierno analizó a profundidad la solicitud.
“El hecho de que hoy se tenga una resolución con un carácter absolutamente técnico, nos ayuda a salir con la frente muy en alto ante a la sociedad y con la ley en la mano para decirles que jurídicamente es correcta nuestra resolución”, declaró el titular del Ejecutivo municipal.
Ricalde Magaña detalló que la decisión de cancelar la construcción del mega centro de negocios enfocado en China fue apegada a la legislación local.
“En nuestra esfera de competencia resolvimos conforme a derecho, en el sentido de que (el proyecto) incumple con una serie de normativas y no podíamos haber hecho otra cosa más que apegarnos a derecho y resolver”, subrayó.
La decisión se dio a conocer tras dos de que se dio a conocer el proyecto de erigir un complejo comercial en el terreno de 557 hectáreas denominado El Tucán –cercano a Puerto Morelos-.
El megadesarrollo chino-mexicano tenía la intención de cimentar un centro de exhibición con tres mil 040 locales comerciales en un terreno de 127 metros cuadrados; dos almacenes en un área total de 40 mil metros cuadrados, y una plaza cultural sobre una extensión de 65 mil metros cuadrados; además de 722 viviendas que albergarían a cerca de 2 mil personas de origen extranjero, principalmente chinos, aunque, originalmente propuso construir mil 256 casas y un hotel, esto, sobre un predio de 557 hectáreas.
El proyecto Dragon Mart Cancún, fue presentado el 22 de marzo de 2011, cuando el priista Félix González Canto (2005-2011), era gobernador de Quintana Roo.
Sin embargo, durante la administración del actual mandatario estatal también emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Borge Angulo (2011-2016), concretamente en octubre de 2012, el Instituto de Impacto y Riesgo Ambiental (Inira), aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), cuando esta decisión le correspondía a la Secretaría de Medio Ambiente federal, no obstante, la instancia federal se desentendió del asunto.
Empresarios, asociaciones civiles, ambientalistas y sociedad civil se opusieron al megadesarrollo al considerarlo un serio peligro para la flora, fauna y la economía local.
QMX/bhr