Niega Gobierno de NL que embargo a ex gobernador tenga fin político

MONTERREY, NL., 3 de junio de 2016.- A solicitud de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León, el Juez de Control decretó, este viernes, el aseguramiento de bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz.

Dicho aseguramiento o embargo precautorio de bienes, según un comunicado, tiene su origen en la Operación Tornado, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.

Ernesto Canales Santos, subprocurador Anticorrupción, dijo que el embargo de bienes a los ex funcionarios es resultado de las tareas iniciadas durante el proceso de entrega-recepción con motivo del cambio de Gobierno.

“No se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, lo que se trata es de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara”, manifestó Canales.

“Nos esforzamos que nos seamos instrumento de una campaña política, menos partidista, de ahí el significado de los diferentes casos que estamos presentando que son de varios partidos, de varias autoridades estatales y municipales.

“Es lo que teníamos, la presión de parte de la ciudadanía de informar y se dieron las circunstancias con este acto de un gran significado de haber obtenido el embargo de bienes de funcionarios públicos para respaldar los daños causados al erario.

“Las actas de ese proceso, los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado y las denuncias ciudadanas realizadas a partir del inicio de la gestión del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, son la raíz de las imputaciones presentadas ante el Juez”, explicó.

Señaló que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, fue informado este mediodía del avance de la Operación Tornado, que responde de manera contundente y por la vía legal, a la exigencia de los nuevoleoneses de actuar en contra de la corrupción.

Canales Santos dijo que el embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León.

Expresó, además, que en los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial.

En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes a los siguientes ex funcionarios:

• Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015, y de los siguientes funcionarios de esa misma administración:
• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico.
• Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional.
• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General.
• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas.
• Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología.
• Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable.
• Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado.
• Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey.
• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.
• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.

Explican modus operandi

Aldo Fasci, asesor del Ejecutivo del Estado, expuso a través de un diagrama la compleja red de vínculos, modo de operación y delitos en los que están implicados los 11 funcionarios mencionados.

A su vez, Jorge Emilio Iruegas, director en la Subprocuraduría Anticorrupción, presentó el esquema en que se desarrollará el proceso penal en contra de los ex funcionarios de la administración anterior.

En las investigaciones realizadas para la Operación Tornado participan agentes ministeriales, peritos especializados y ministerios públicos de la Subprocuraduría Anticorrupción, así como funcionarios de las diferentes dependencias del Gobierno estatal.

Canales Santos dijo que el área que encabeza ha actuado con absoluto apego a la Ley y respetando con el máximo cuidado los derechos de los imputados.

El Subprocurador Anticorrupción indicó también que, además, ya fueron solicitadas diversas audiencias para formular imputación respecto de investigaciones relacionadas con posibles hechos delictivos suscitados tanto en la Secretaría de Desarrollo Económico, como en el Sistema Estatal de Caminos.

En el primer caso, porque de manera directa el ex Secretario de Desarrollo Económico y funcionarios cercanos suscribieron contratos por un monto de cuatro millones 675 mil pesos, sin cumplir con los requisitos de Ley.

Y respecto al Sistema Estatal de Caminos, por la celebración indebida de ocho órdenes de compra y una de servicios, y la simulación de una obra en el municipio de San Nicolás autorizada por su ex titular Víctor Martínez Trujillo, y la responsable de administración y finanzas, entre otros.

Dichos contratos fueron realizados por los funcionarios en perjuicio del patrimonio del estado, por un monto superior a los nueve millones de pesos.

Municipio de Monterrey

Con motivo de una denuncia presentada el 1 de marzo de este año por el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, esta Subprocuraduría inició una investigación por el delito indebido del servicio público de ex funcionarios municipales.

De los hechos narrados se advierte que los servidores adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de siete millones 75 mil 471 pesos, más IVA.

Dichos servicios consisten en el apoyo legal de funcionarios municipales de la administración 2012-2015.

Una vez reunidas las pruebas suficientes que acrediten el hecho delictivo y la probabilidad de la participación de los imputados, se solicitará fecha para la audiencia de imputación en contra de 12 ex servidores públicos.