Niegan amparo a Paulo Diez Gargari; PGR lo encausa penalmente

CIUDAD DE MÉXICO, 8 de junio de 2018.- Un tribunal colegiado determinó confirmar la negación del amparo que solicitó el abogado Paulo Diez, candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a diputado federal por la vía plurinominal, ante las acusaciones que pesan en su contra por presentar información falsa sobre una empresa pública, en perjuicio de ahorradores y accionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El representante legal de la empresa Tecnología Aplicada Infraiber había solicitado la protección de la justicia federal, promoviendo el juicio de garantías en el Juzgado Séptimo de Distrito en materia penal, con sede en la Ciudad de México, pero le fue negado el pasado 22 de marzo de 2018, por lo que pidió la revisión del caso.

Al analizar el recurso de revisión 105/2018, el Noveno Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito Judicial determinó que la negativa del juzgado era legal y la ratificó, con lo que la PGR queda autorizada a agotar las investigaciones en la carpeta de investigación abierta contra el aspirante a legislador.

En septiembre del año pasado, el abogado  Fernando Gómez Mont, representante legal de la compañía constructora OHL, dijo que el expediente penal abierto contra Paulo Diez y su socio, el dueño de Infraiber, Pedro Topete, cuenta con una opinión calificada por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), respecto de que habrían violado premeditadamente el artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, que sanciona a quien difunda información falsa respecto de la situación financiera, económica o jurídica de una empresa pública.

Señalan que el dueño y el abogado de Infraiber mantuvieron durante más de dos años una campaña mediática en contra de la empresa española OHL, a la que acusaron de que en las concesiones obtenidas por parte de autoridades federales y estatales «no invirtió recursos propios»; que la concesionaria «ya recuperó la inversión y la rentabilidad a que tiene derecho» en algunas de dichas concesiones y que el Circuito Exterior Mexiquense se habría construido «con recursos federales».

Las supuestas acusaciones que de manera sistemática lanzaron Diez Gargari y Topete Vargas a través de los medios, generaron una afectación económica a OHL y a los tenedores de sus acciones en la BMV, por lo que se pidió el dictamen a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la cual estableció que había delito en la conducta del asesor legal y del dueño de Infraiber.

Una vez que el dictamen, por parte de la autoridad reguladora del mercado de valores, se remitió a la Procuraduría Fiscal de la Federación, ésta procedió a interponer la demanda ante la PGR por el delito de engaño al mercado de valores.

Destacan que el abogado Gómez Mont presuntamente insistió que con la campaña de descrédito por parte de Infraiber en perjuicio de OHL, se cometió un engaño contra el sistema financiero nacional, pues se proporcionó de manera reiterada y sistemática una serie de informaciones falsas sobre la situación de una empresa pública, que derivaron en afectaciones económicas a los accionistas e inversores.