Nigromante/José Vilchis Guerrero

Los claroscuros del nuevo régimen

A más de dos meses de gobierno –muy corto plazo para las evaluaciones– el presidente Andrés Manuel López Obrador genera acuerdos y desacuerdos; crece el número de críticos que lo aprueban o desaprueban en sus decisiones de gobierno y todo se inicia a temprana hora, desde Palacio Nacional, de donde han emergido decisiones en todos los sentidos.

Cuando apenas se había logrado un acuerdo en el Senado para la creación de la Guardia Nacional con carácter civil, el presidente López Obrador ya despertaba polémica y generaba desencuentros con los organismos independientes, a los que descalificó en esa pasarela de funcionarios que explican sus tareas dentro del gabinete, en las conferencias mañaneras.

Dijo que este tipo de instituciones independientes del Ejecutivo «en la mayoría de casos están subordinadas a una manera de pensar de la política de privatizaciones». En su gobierno tendrán que alinearse a la nueva realidad política.

Lo que ahora preocupa es que López Obrador aprovecha el espacio de los medios para exhibir a quien –en este caso– descalificó una terna que envió al Senado para sustituir a Guillermo García Alcocer, presidente de la Comisión Reguladora de Energía, a quien acusó de conflicto de interés y se le fue a la yugular: por esa razón no debería estar ahí.

López Obrador tiene prisa por acumular poder y en ese afán se mostró absolutamente intolerante con García Alcocer, se erigió en autoridad judicial, lo enjuició y ahí mismo lo condenó en presencia de los medios. Fue juez y parte.

En este caso no respetó el debido proceso ni la presunción de inocencia conforme a derecho que antes defendió en su campaña, y exhibió en cadena nacional al funcionario. García Alcocer reconoció que dos de sus familiares, un hermano y un primo de su esposa, trabajan en empresas del sector energético, pero negó que éstos hayan recibido tratos favorables del organismo autónomo que preside.

Lo criticable de López Obrador es que apabulló a García Alcocer sin darle oportunidad a defenderse y fue condenado ante la opinión pública por criticar las ternas que propuso para el relevo en la CRE.

En este caso, López Obrador defendió lo indefendible: la senadora Xóchitl Gálvez, ingeniera de profesión, se encargó de poner en evidencia la ignorancia de los candidatos sobre la materia de la CRE, a la que aspiran. Preguntó a uno de los candidatos qué es un CEL y Jorge Amaya Mendívil, aspirante a la sucesión, respondió con supina ignorancia desconocer un documento tan importante como el Certificado de Energía Limpia.

“Esto es un CEL” y mostró su celular, para magnificar el ridículo que protagonizó en el Senado. Otra aspirante al mismo cargo declaró no tener idea de qué es la CRE y leyó, sin ningún pudor, una definición que a su buen entender es la Comisión Reguladora de Energía, cuya titularidad quiere ocupar.

Dijo que esa definición la encontró en la red. Los mismos candidatos de las ternas propuestas por el Ejecutivo se encargaron de poner en evidencia a quien los propuso. No es válido imponer a candidatos presuntamente honestos, pero visiblemente incompetentes. La incompetencia también es corrupción.

Otro desliz fue el nombramiento de Ernesto Cabrera Brugada como Director General de Organización y Desempeño de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Su área es responsable de entregar información sobre los resultados de los programas de esa secretaría al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa CDMX), la oficina del gobierno central que analiza el éxito de las políticas públicas.

Según su currículum, Cabrera abandonó la carrera de médico cirujano en 2008, es pasante de administración de negocios internacionales por la UVM (2009-2013) y tiene la licenciatura en economía “en curso” en el periodo “2011-2016” (sic). Así lo puso en evidencia el periodista José Soto Galindo, quien pone en evidencia que todavía hay compadrazgos o favores para los amigos o familiares.

Porque Cabrera es sobrino de Clara Brugada Molina, alcaldesa de Iztapalapa por Morena. También es un viejo colaborador de diputado local José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, quien encabeza la Secretaría de Cultura por designación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo.

En el equipo también se encuentra Nubia Patricia Machain Castillo, jefa de la Unidad Departamental de Asuntos Laborales de la Secretaría de Cultura y exasesora de Suárez del Real. Machain aún es estudiante de derecho en la UNAM, cursa el sexto semestre. Las responsabilidades de su cargo exigen cédula profesional o carta de pasante vigente.

El aplauso vino el jueves anterior, cuando las diversas bancadas del Senado lograron un acuerdo de madrugada para que se apruebe la creación de la Guardia Nacional, que tendrá carácter civil. En el régimen priista y en los dos panistas que nos antecedieron, la decisión se hubiera tomado desde Los Pinos. Y por los mismos personajes, con Miguel Ángel Osorio Chong al frente, líder de la bancada priista.

Entre los acuerdos alcanzados figura que los elementos de este cuerpo policial podrán ser juzgado por tribunales civiles y no militares en caso de que incurran en delito o abusen en el ejercicio de la fuerza en detrimento de los derechos humanos, además de que el Gobierno Federal podrá mantener al Ejército en las calles durante los próximos cinco años, mientras se consolida la guardia.

El acuerdo incluye también la obligación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, de rendir cuentas al senado por la actuación de la Guardia.

“En ningún momento actuamos pensando en partidos y gobiernos, sino en crear instituciones”, dijo Osorio Chong, durante el posicionamiento de la Junta de Coordinación Política donde se presentó el acuerdo. “Logramos pasar de una Guardia Nacional militar a una Guardia Nacional civil, sí se pudo”, dijo el coordinador del PAN, Mauricio Kuri.

El acuerdo también incluye que la presencia de la Guardia Nacional esté sólo en las entidades en donde los gobernadores soliciten su presencia.

Mauricio Kuri, líder de la segunda fuerza política en la Cámara Alta, junto con el PRI, PRD y MC se habían mantenido en contra del dictamen enviado por el presidente López Obrador. La Guardia Nacional, detalló el líder de Morena Ricardo Monreal, iniciará su operación con policías militares que serán adiestrados para la seguridad pública. No serán soldados”, afirmó.

Explicó que el mando del instituto de seguridad será civil y se espera que los militares continúen en las calles y regresarán en cinco años a los cuarteles.

Otra de las imposturas de López Obrador fue su menosprecio por el programa de estancias infantiles, que proyectó una imagen negativa del poder, incluso prepotencia al negarse a atender a un grupo de mujeres trabajadoras en guarderías, quienes le demandaron que no cancelara el programa.

Sin embargo, López Obrador le dio la vuelta. Adriana Montiel Reyes, Subsecretaria de Bienestar, enumeró una serie de irregularidades que se encontraron en las estancias infantiles que eran operadas por la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

La funcionaria fue al grano: un padrón inflado; estancias fantasmas; una red de prestanombres; sobornos a los supervisores; la capacitación fue deficiente; defraudación y el DIF detectó que el 40 por ciento de ellas estaba en riesgo total para niñas y niños y debieron ser cerradas. Sin embargo, añadió Montiel Reyes, en las observaciones de la Sedesol “todo estaba bien”.

Adriana Montiel Reyes también precisó que la cuota adicional que se compraba a los padres no estaba regulada y cada estancia podía cobrar a su parecer.

María Luisa Albores, Secretaria de Bienestar, detalló que algunas de las irregularidades que se hallaron también fue en torno a la Protección Civil, pues en muchos casos no había extintores, y otras no tenían protocolos ni manuales de cuidados. Albores informó que el programa de estancias infantiles no desaparece, que hay nuevos cambios y lo principal será la entrega del apoyo de 800 pesos mensuales a los padres.